El Gobierno dominicano se encuentra en una situación incómoda: está gastando más de lo previsto, necesita recursos adicionales para cubrir sus compromisos y ahora solicita al Congreso que suspenda temporalmente una ley aprobada hace apenas dos años para poner límites al crecimiento del gasto público.
Para entender el problema no hace falta saber economía. Basta imaginar una familia que establece una regla para impedir que sus gastos aumenten demasiado. Cuando descubre que sus compromisos superan lo permitido, en lugar de reducirlos, solicita autorización para dejar de aplicar la regla hasta que termine el año.
- Algo parecido ocurre con las finanzas dominicanas, aunque con una diferencia fundamental: el Gobierno administra recursos de los contribuyentes y préstamos que deberán pagarse en el futuro.
Déficit fiscal y gasto público
El déficit aparece cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Si recauda 100 pesos, pero gasta 120, tiene un déficit de 20 pesos. Para cubrir esa diferencia necesita utilizar recursos disponibles o endeudarse.
El Gobierno había previsto para 2026 un déficit equivalente al 3.24 % del producto interno bruto (PIB), es decir, del valor de todos los bienes y servicios producidos durante el año.
Ahora propone elevarlo al 4.2 % del PIB, equivalente a 365,968 millones de pesos. El desequilibrio previsto aumentaría casi un 30 % respecto de la estimación original.
¿Qué es la regla fiscal?
En 2024 se aprobó la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal para impedir que los gobiernos aumentaran sus gastos sin límites.
La legislación establece que el llamado gasto primario no puede crecer anualmente por encima de la inflación proyectada más tres puntos porcentuales, salvo las excepciones previstas.
El gasto primario comprende salarios, pensiones, subsidios, funcionamiento de las instituciones, inversiones y obras públicas. Excluye los intereses de la deuda.
Por ejemplo, si la inflación proyectada es del 4 %, el gasto primario podría aumentar hasta un 7 % nominal.
La regla no exige gastar menos cada año, sino controlar cuánto aumenta el gasto.
Tampoco establece directamente un límite del 3 % del PIB al déficit fiscal. Son conceptos distintos: uno controla el crecimiento del gasto primario; el otro mide cuánto dinero falta para cubrir todos los gastos, incluidos los intereses.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, argumenta que las circunstancias internacionales obligaron al Gobierno a gastar más de lo previsto, particularmente por el encarecimiento de los combustibles, la energía, los fertilizantes y los alimentos.
Su planteamiento es que el Estado debe proteger a los consumidores de esos aumentos mediante subsidios, aunque ello implique mayores compromisos presupuestarios.
El Gobierno sostiene que la ley contempla excepciones para circunstancias extraordinarias y propone recuperar el cumplimiento de la regla fiscal mediante un programa de ajuste de tres años.
¿Dónde está el problema?
La dificultad es que el Gobierno solicita suspender en noviembre una regla que debía cumplir desde enero.
Si el gasto primario ya superó el límite legal, el Congreso estaría autorizando, a pocas semanas de terminar el año, una excepción que también cubriría lo ocurrido durante los meses anteriores.
Esto no significa automáticamente que se haya cometido una ilegalidad, porque la propia legislación contempla mecanismos excepcionales. Pero obliga a preguntar cuándo se comprobó que el límite sería excedido y por qué se esperó hasta noviembre para solicitar su suspensión.
También corresponde establecer cuánto del incremento del gasto responde a factores internacionales y cuánto a compromisos permanentes, decisiones administrativas o problemas de planificación.
La oposición cuestiona la rapidez con que se tramita el proyecto y atribuye el desequilibrio a una deficiente administración de las finanzas públicas.
Compromisos y financiamiento
El problema fiscal dominicano no comenzó con el encarecimiento de los combustibles.
Un estudio presentado el 17 de noviembre por el economista Andrés Dauhajre, hijo, estima en 553,446 millones de pesos los recursos destinados este año a subsidios, transferencias y otras obligaciones del Estado, equivalentes aproximadamente al 32 % del gasto contemplado en la nueva propuesta presupuestaria.
La estimación comprende 148,000 millones de pesos que Dauhajre atribuye a un exceso de empleados públicos, calculado mediante una comparación con Guatemala; 121,000 millones destinados al sector eléctrico y 102,000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones.
Los supuestos empleos excedentarios constituyen una estimación del economista, no una partida oficial de subsidios. Las pensiones, por su parte, representan obligaciones legales del Estado.
Estas cifras muestran la magnitud de los compromisos que pesan sobre las finanzas públicas y las dificultades para reducirlos sin reformas de fondo.
¿De dónde saldrá el dinero?
La propuesta presupuestaria contempla ingresos por 1,352 billones de pesos y gastos por 1,718 billones de pesos. La diferencia, unos 366,000 millones, constituye el déficit proyectado.
El Gobierno sostiene que más del 60 % del financiamiento adicional procederá de recursos acumulados de años anteriores, lo que reduciría la necesidad de contratar nuevos préstamos.
Sin embargo, utilizar dinero disponible no elimina el déficit. Simplemente permite financiarlo sin aumentar inmediatamente la deuda y reduce los recursos disponibles para necesidades futuras.
¿Qué está en juego?
La controversia va más allá de una modificación presupuestaria.
La regla fiscal fue aprobada para obligar a los gobiernos a administrar sus gastos dentro de límites conocidos y ofrecer confianza sobre el manejo de las finanzas públicas.
Suspenderla ante circunstancias verdaderamente excepcionales puede ser legítimo.
El Congreso debe determinar si se cumplen las condiciones legales para autorizar la excepción y exigir garantías de que el Gobierno regresará a la disciplina fiscal.
La pregunta central no es solamente por qué el Gobierno necesita gastar más, sino por qué una ley concebida para contener el gasto ha debido ser suspendida apenas dos años después de su aprobación y qué impedirá que la excepción se convierta en costumbre.


