Cuatro líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en la última semana en Perú por defender su territorio frente a actividades ilegales, según la denuncia de varias organizaciones nativas que reiteraron este sábado sus protestas.
«Tanto este Gobierno como el resto, siempre han mirado a los indígenas como un grupo minoritario, un grupo que no merece ser escuchado, por lo que no son incluidos dentro de una política pública que ayude a tener una igualdad de oportunidades y derechos, es una gran pena», se lamentó a Efe el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlín Diques.
Esta organización denunció el asesinato de tres líderes indígenas del pueblo Asheninka el pasado 22 de marzo en Puerto Inca, en la región de Huánuco: Jesús Antaihua y su esposa Nusat Benavides, y Gemerson Pizango.
«Los tres comuneros regresaban a sus domicilios en horas de la tarde y fueron apresados por estos delincuentes y disparados con bala, además la señora estaba gestando», dijo Diques en una llamada telefónica en la que explicó que esta comunidad «está huyendo de la presencia del narcotráfico y la minería ilegal», lo que provoca que estos pueblos estén en «permanente alerta».
Este triple crimen se suma al homicidio de un protector de la reserva nacional de Tambopata, en la región amazónica Madre de Dios, Juan Julio Fernández Hanco, asesinado el pasado domingo.
Fernández Hanco fue atacado cerca de La Pampa, zona en la que se encuentra uno de los centros de la minería ilegal en Perú y donde a la prostitución, violencia y vulneración de derechos humanos, se juntan la deforestación y la destrucción de la biodiversidad selvática.
«Reclamamos al Estado para dar mayor atención a las poblaciones indígenas que por proteger sus territorios, defender el medioambiente y la continua inoperancia hace que en este momento se sigan sucediendo asesinatos de líderes indígenas, es lamentable», señaló el activista.
La Organización Regional Aidesep Ucayali, junto con otras asociaciones de comunidades nativas, expusieron en un comunicado publicado a raíz de esta ola de violencia que las prácticas ilegales que envuelven estos crímenes están «potenciadas por proyectos de infraestructuras sin sustento técnico y la corrupción estatal de autoridades encargadas de administrar justicia, lo que asegura su impunidad».
«Los mecanismos intersectoriales, las medidas dispuestas por el Estado, demuestran no solo ser insuficientes, sino inoportunas. No llegan estas a las comunidades solo promueven la identificación de las amenazas», advirtieron.
Desde que comenzó la pandemia han sido 14 los defensores ambientales asesinados, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Además, denunciaron que los secuestros, violencia y chantajes son numerosos por parte de mafias y colectivos vinculados a actividades ilegales.