Desde noviembre del año pasado decenas de suplidores afectados por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) han estado demandando justicia, sin embargo, pese a la destitución del director de esa institución, el caso todavía no ha sido llevado a los tribunales.

La investigación está en manos de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), la cual ha interrogado en varias ocasiones a Cecilio Rodríguez Montás, exdirector del Inabie. Tanto los interrogatorios como otras diligencias de esas pesquisas son mantenidas en etapa secreta.

De acuerdo con las denuncias que han salido a la luz pública, el Inabie habilitó y adjudicó a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos. Las evidencias documentales establecen que el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie aprobó esa decisión de manera unánime y la justificó en que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del sistema público nacional.

Quedaron habilitados para suplir a nivel nacional en total 2,372 suplidores, de los que solo cumplían con el pliego de condiciones 1,112 y fueron más los favorecidos que no calificaban, según establece un reportaje publicado por Diario Libre en noviembre del pasado año 2021.

La decisión se tomó el 2 de octubre pasado, mediante el Acto Administrativo Acto/LPN/No. 0056/2021, emitido por el Comité de Compras del Inabie, en un proceso que estuvo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que presentaron cocinas instaladas en el territorio nacional.

El acto administrativo expresa lo siguiente: “Sustentado en hechos y derechos, todo lo concerniente a lo sucedido y en conclusión, de manera unánime se procedió a votar a favor de habilitar a los oferentes/empresas que contaban con la calificación de no cumplir en el informe sobre B, ya que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación a los estudiantes del Sistema Público Nacional, tanto así que muchos de estos oferentes son proveedores únicos en las localidades remotas de nuestro país. Quedando habilitados un total 2,372 oferentes que pasaron a ser habilitados para ser ponderados en la adjudicación”.

El Comité de Compras y Contrataciones aseguró, de acuerdo con el acta de adjudicación, que tomó la decisión apegado a los principios de la razonabilidad, principios de competencia y principio de proporcionalidad, los cuales deben determinar y conducir el accionar de una institución en el marco de las evaluaciones y adjudicaciones de una oferta, pues lo que se busca es equilibrar que la formalidad del procedimiento no se convierta en un mero ritual que no permita prevalecer la sustancia sobre la forma, ni limite o no garantice uno de los procedimientos competitivos.