El partido fujimorista Fuerza Popular calificó este jueves como «un grave atentado» a la salud de su «líder histórico» y a la soberanía del Perú el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que el Estado se abstenga de acatar una orden del Tribunal Constitucional (TC) y que el expresidente Alberto Fujimori sea liberado.

«Esto no solo significa un grave atentado a la frágil salud de nuestro líder histórico, sino también al Estado de Derecho y a nuestra soberanía nacional», sentenció en un comunicado la agrupación que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario (1990-2000).

Fuerza Popular acusó a la CorteIDH de haberse «saltado las reglas del debido proceso» con este requerimiento al Estado peruano para que temporalmente «se abstenga de ejecutar la orden» del TC de disponer la libertad de Fujimori.

Además, el grupo naranja acusó a la corte de no haber «defendido a las víctimas del terrorismo y, menos, dispuesto el pago de indemnizaciones para ellos».

«Por lo contrario, (la CorteIDH) ha consentido la persecución y acoso a nuestros héroes nacionales y el pago de indemnizaciones para los enemigos de la patria», aseveró.

Por eso, Fuerza Popular exigió al TC que se presente ante la corte y defienda su sentencia y la soberanía del Perú «frente a este ente altamente ideologizado y generoso con quienes realmente le hicieron un daño irreparable al país».

En el mismo sentido se expresó la víspera Keiko Fujimori, quien, a través de un audio compartido en sus redes sociales, dijo que ahora está en manos del Gobierno de Pedro Castillo «allanarse o no a una medida tan precaria como injusta».

«Mi familia siente un gran dolor al confirmar que, cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida», expresó.

La tres veces excandidata presidencial opinó que si existiera «un mínimo de equilibrio» en su evaluación, el Ejecutivo «no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional», que restituyó el indulto otorgado a Fujimori en 2017 y, por el cual, se esperaba su liberación.

No obstante, la hija del exmandatario advirtió que en el caso de que el Gobierno ceda ante esta «maniobra tan perversa e inhumana», su familia lo hará responsable «de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y en la salud de Alberto Fujimori».

FUJIMORI, «MUY PREOCUPADO»

Esta mañana, el abogado del exgobernante, César Nakazaki, aseguró que Fujimori está «muy preocupado» por este requerimiento e informó que el tribunal internacional ha aceptado su petición de participar en la audiencia convocada para este viernes en la condición de «amicus curiae» (amigo de la corte).

El letrado admitió que, de dictarse «medidas provisionales», el exmandatario ya no podrá salir de su cárcel por lo menos hasta el próximo 6 de abril, cuando la Corte decidirá el tema de fondo de la resolución del TC.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

La Corte Interamericana también condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.