La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una oficina en Venezuela en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«Las partes han acordado (…) que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo», dijo este jueves, sin fijar plazos, el fiscal de ese organismo, Karim Khan, en una declaración conjunta con Maduro. «No es algo de cara a la galería».
Acuerdos como este permitirán «profundizar la cooperación y acelerar nuestro trabajo independiente en relación a la situación en Venezuela de acuerdo a mi decisión de abrir una investigación en noviembre de 2021», expresó su oficina en un posterior comunicado.
La CPI anunció en noviembre una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno socialista para que el país adoptara «medidas» a fin de garantizar «la administración de justicia». Había iniciado en 2018 un examen preliminar por la actuación de militares y policías en el control de protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
Khan, recibido por Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, dijo que se acordó igualmente que Venezuela otorgará «visados de múltiple entrada» a funcionarios de la CPI.
«Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente, y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso», expresó a su vez Maduro, cuyo gobierno ha negado siempre que violaciones contra los derechos humanos en el país queden impunes.
«Base razonable»
La CPI, con sede en La Haya (Holanda), y el gobierno de Venezuela han reconocido diferencias de criterio.
«El gobierno de Venezuela sigue opinando que no se han cumplido las condiciones para una investigación», insistió el comunicado divulgado este jueves por la CPI después de la declaración de Khan, que está en el país desde el martes.
Su antecesora, Fatou Bensouda, dijo que existía «base razonable» para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad durante las protestas que pedían la salida de Maduro del poder y acusó a las autoridades venezolanas de «inacción» frente a violaciones de derechos humanos.
La justicia local ha imputado a más de 150 efectivos de seguridad por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el fiscal general, Tarek William Saab, que ha enviado a la CPI numerosos informes defendiendo su gestión.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición sostienen que esas acciones se tomaron de manera tardía con el objetivo de evitar un proceso judicial internacional.
Familiares de víctimas han celebrado la apertura de la investigación del CPI.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos humanos Provea, estimó en noviembre pasado que la decisión ratificó que «sí ocurrieron crímenes contra la humanidad» y que estos «no han sido investigados debidamente».
El memorando suscrito por Khan y Maduro en noviembre aclara que aún «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo» y que será la investigación la que determinará «si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el gobierno de Maduro, que en febrero de 2020 pidió investigar como crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el país.