Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a un presunto pandillero salvadoreño buscado desde 2016 y lo remitieron de nuevo a su país por la vía terrestre, según informaron este sábado fuentes oficiales.
El salvadoreño fue identificado como Erick Florentino Castro Vásquez, de 31 años, quien es requerido en su nación por posesión y tenencia de armas, de acuerdo a la Policía Nacional Civil.
El inspector de la entidad, Edwin Monroy, explicó a periodistas que Castro Vásquez fue arrestado en el marco de varios operativos fronterizos ordenados por el Gobierno guatemalteco ante el régimen de excepción impuesto el domingo pasado en El Salvador.
«A dicho individuo le aparece una orden de captura y también se le decretó como rebelde desde febrero de 2016«, puntualizó Monroy.
Según la policía salvadoreña, al presunto pandillero le aparecen antecedentes por contrabando de mercadería en 2014 y 2017, además de extorsión en 2015.
«Según información confiable, tiene vínculos con la pandilla Mara Salvatrucha”, explicó el comisario de la PNC.
Castro Vásquez fue remitido a El Salvador y entregado a las autoridades locales en la frontera de San Cristóbal, ubicada en el departamento de Jutiapa, unos 150 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala.
Guatemala elevó la vigilancia en su frontera con El Salvador esta semana ante la posibilidad de que pandilleros del vecino país intenten huir del régimen de excepción instaurado el pasado domingo por el Congreso local.
«Estamos cubriendo las rutas principales y algunos puntos ciegos en la frontera para evitar que grupos de pandillas se vengan a nuestro país», aseguró el ministro de Gobernación (Interior) guatemalteco, David Barrientos Girón, en declaraciones divulgadas en medios oficiales el viernes.
Las labores de vigilancia están a cargo de «agentes de las comisarías departamentales y unidades especializadas», precisó la policía guatemalteca.
El Salvador cumplirá este domingo una semana en régimen de excepción, medida que suspende derechos de los salvadoreños como la defensa en un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, tras una escalada de homicidios que el fin de semana se cobró la vida de más de 80 personas.