La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras conformó la «Sala Constitucional Ad-Hoc» para conocer un recurso de amparo presentado por el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien EE.UU. reclama en extradición para enjuiciarlo por delitos asociados con narcotráfico y uso de armas.

En un mensaje en redes sociales, la CSJ indicó que la presidencia de ese poder del Estado «conformó esta tarde la Sala Constitucional Ad-Hoc para conocer el recurso de amparo presentado por la defensa técnica del exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado», y que «sus integrantes ya han sido notificados debidamente de lo correspondiente».

El Supremo no precisó detalles sobre cuándo se reunirán los miembros de la Sala Constitucional que conocerán sobre el recurso de la defensa a favor de Hernández, de 53 años y contra quien Estados Unidos solicitó el 14 de febrero arresto provisional con fines de extradición. Un día después el expresidente fue capturado en su residencia.

El 16 de marzo, un juez natural designado por el Supremo autorizó la extradición del exgobernante, la cual fue ratificada el día 28 de ese mismo mes por el pleno de la CSJ, integrado por quince magistrados.

Según juristas hondureños, el fallo del Supremo es inapelable y lo que la defensa de Hernández ha hecho es presentar un recurso amparada en el derecho que le asiste al exmandatario y buscar que no sea extraditado a Estados Unidos.

El expresidente siempre rechazó las acusaciones procedentes de Estados Unidos que lo implicaban en delitos de narcotráfico, algunas de ellas por hondureños que enfrentan juicio o están condenados en ese país por tráfico de drogas.

El día que el pleno del Supremo ratificó la extradición, Hernández, en una carta pública, presagió que podría enfrentar tres cadenas perpetuas y convertirse «en un muerto en vida».

Señaló además que es «inocente» y «víctima de una venganza y una conspiración» y que está «seguro que Dios hará justicia».

Hernández es acusado de «conspiración para importar una sustancia controlada» a Estados Unidos con el «conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente» a ese país, «a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos».

Además, se le acusa de «fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos».

El segundo cargo, es por «usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión» de «ametralladoras y dispositivos destructivos».

Las armas y los dispositivos destructivos serían «en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno».

El cargo tres se refiere a una «conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos».

El expresidente sigue recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, en Tegucigalpa.