La preocupación fue externada mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de fecha primero de abril de 2022, la cual fue tramitada vía el coordinador residente de ese organismo en el país, Mauricio Ramírez Villegas.
Comunicó su rechazo a lo que consideró como una “injusta, cínica y falaz acusación” de parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, “de que las parturientas haitianas son discriminadas en nuestra nación”.
“Dicha acusación forma parte de una maligna campaña de chantajes y manipulaciones, que busca imponer la solución dominicana a los problemas de Haití, fórmula aviesa que es rechazada por la gran mayoría del pueblo dominicano y sus representantes políticos”, denunció Castillo, en su calidad de presidente de FOPPPREDOM.
Censuró que se promueva desde esa organización una engañosa visión de que existe “un derecho general a la salud, que todos los Estados deben asegurar sin límites alguno”, sobre todo cuando se tiene plena consciencia de que dicha visión solo ejerce un poderoso efecto llamada, que podría provocar en el porvenir inmediato, graves trastornos y perjuicios a nuestro sistema de salud.
Le señaló que las organizaciones de Naciones Unidas conocen perfectamente que la República Dominicana no tiene por qué asumir la obligación de documentar a los nacionales haitianos, debido a que el derecho internacional, los acuerdos vigentes entre ambos países y la constitución haitiana ponen esa responsabilidad a cargo de las autoridades de Haití. “Ese reclamo resulta más indignante, porque resulta notorio que la situación de conflicto en Haití es atizada, manipulada, inflamada, de modo deliberado y sistémico por diferentes actores de poder foráneos, que al parecer perseguirían el estallido de una guerra civil”, indica la carta.