Algunas tienen dudas sobre las posibles distorsiones que se puedan presentar en su aplicación, pero, en general, las trabajadoras domésticas entienden que es de justicia que regulen su sector como lo ha propuesto el Ministerio de Trabajo y que les mejoren las condiciones laborales.
Plantean su derecho a que les paguen mejor, a tener un seguro médico y a que les den una pensión cuando salen, viejas y enfermas, de las casas de familias a las que asisten por años.
La aspiración es parte de lo que se plantea en la resolución que presentó el Ministerio el pasado 29 de marzo con fines de consulta y que ha tenido varias críticas de algunos sectores que entiende que traspasa el ámbito de potestad de esa dependencia, o que la misma generaría una carga insostenible para la clase media.
“Yo lo veo bien, porque a veces hay personas que duran muchísimos años trabajando en una casa y salen sin nada y sin poder trabajar. Entonces, deben darle algo, aunque sea una indemnización para que compren medicamentos”, dice la Nisia Marcelino Zapata, quien lleva 34 de sus 54 años en labores domésticas.
Cita una de sus experiencias en que, tras ocho años de trabajo corrido en una casa de familia, la despidieron sin motivos aparente y sin un centavo.
Rosa Gómez Colón también entiende que es necesario aprobar la resolución para que, además de mejor salario, haya mejor trato. Cuenta su experiencia en que los dueños de las casas le maltrataban y piensa que eso podría controlarse si ese trabajo tiene normas claras.
Sin embargo, la mujer teme que las modificaciones terminen en que ya las familias no quieran contratar directamente y el trabajo de las domésticas termine en un negocio rentable para empresarios y que las que, como ella, hacen el trabajo, sigan en igual o peor condición.
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Sarah Santana, con más de 15 años de labor, también vota a favor de la resolución del Ministerio de Trabajo, pero tiene el temor de que de aplicarse se pierdan muchos trabajos.
“Es difícil para muchos dueños de casa pagar eso. Hay gente que busca a uno porque tiene la necesidad y paga lo que puede, pero si una persona asume lo que dice la ley, entonces se va a quedar sola, porque no tendrá como pagar. A nosotros nos conviene, pero se va a quedar mucha gente sin trabajo”, dice Santana.
Victoria García, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), aplaude la resolución del Ministerio, pero le molesta que deba ir a vistas públicas. Entiende que “eso es un derecho…Lo que manda es la puesta en vigencia del convenio (189 de la Organización Internacional del Trabajo) al que el país ya se comprometió”.
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