La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ordenó una investigación sobre el incidente que ocurrió este lunes en el Centro de Retención Vehicular el Coco, mejor conocido como el canódromo, donde resultaron agredidos el defensor del Pueblo, Pueblo Pablo Ulloa, su secretario general y miembros de la prensa.

El organismo, que calificó el hecho como «lamentable y desagradable», aseguró que no tiene nada que esconder “en éste ni en ninguno de los centros de retenciones en todo el país, mucho menos al Defensor del Pueblo”.

A través de una nota de prensa, la Digesett explicó que el incidente se produjo porque “no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 69-10 de la Constitución, que versa sobre el debido proceso”.

“Del mismo modo, la Digesett expresó su respeto a la libertad de prensa y a los reporteros de distintos medios, ya que estos son un garante de la transparencia en que los servidores públicos deben ejercer su función”, reza el comunicado.

Sin embargo, tras ser sacado a empujones del canódromo, Ulloa dijo a los medios de comunicación que trató de realizar un operativo de inspección en atención a denuncias de irregularidades y que su visita sí fue anunciada a la directora del centro de retención de vehículos. Además, destacó que los miembros de su equipo estaban identificados con chalecos y gorras de la institución.

Según videos, tanto el personal de la Defensoría del Pueblo como miembros de la prensa fueron empujados y agredidos físicamente durante la visita. También rompieron cámaras de los medios de comunicación y de la misma Defensoría, según denunció Ulloa.

El defensor del Pueblo acudió este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional para querellarse por la agresión.