El Gobierno de Luis Arce rechazó este miércoles el informe de Estados Unidos sobre derechos humanos y lo consideró una «intromisión» por las observaciones que hace sobre el proceso judicial que se sigue a la expresidenta interina Jeanine Áñez a instancias del oficialismo boliviano.
La Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que «rechaza categóricamente la intromisión de terceros países» y el informe «unilateral» sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense que se difundió en la víspera.
El citado informe «realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso judicial que enfrenta Jeanine Añez en la justicia de nuestro país, por su participación en los hechos ocurridos en ocasión de la crisis política de fines de 2019», señaló el Ministerio de Exteriores de Bolivia.
También aseguró que los procesos judiciales por la crisis de 2019 en el país los llevan adelante las autoridades judiciales «en el marco del principio de independencia de órganos del Estado».
Además consideró que «es mínimamente cuestionable» que los informes de Estados Unidos «pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas» cuando ese país no es signatario de tratados de derechos fundamentales.
Según la Cancillería, Bolivia responde sobre sus compromisos y responsabilidades con los derechos humanos ante instancias multilaterales como la ONU o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia en su informe 2021 que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina, pues la mayoría de crímenes quedan sin investigar o se resuelven de manera ineficiente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú.
En el caso concreto de Bolivia, Estados Unidos aseguró que «la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad» muchos casos de abuso.
El documento puso especial atención en el arresto de la expresidenta interina, puesto que «expertos legales han detectado numerosas irregularidades» en su detención.
Áñez está en prisión preventiva en La Paz desde hace más de un año acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
El juicio en curso es por otro proceso, el llamado «golpe de Estado II», referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.