El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves, en segunda y definitiva votación, una ley que crea un sistema de reparación integral para los familiares de las víctimas de femicidio.

«Hoy Costa Rica está reconociendo que un femicidio es una responsabilidad que el Estado debe asumir en su conjunto», dijo la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Guerrero.

La ley, aprobada de forma unánime por los diputados, tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para personas que perdieron a una familiar a causa del femicidio y que deben afrontar un proceso psicológico, familiar, social y económico para el cual no estaban preparadas.

La ley cubre a los hijos de la víctima de femicidio, familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que convivía con la víctima, y personas adultas mayores o con discapacidad que eran dependientes de la víctima.

La iniciativa crea un fondo económico de reparación integral para las personas beneficiarias, que contará con recursos de varias fuentes de financiamiento.

Además, el proyecto busca brindar de forma gratuita y prioritaria a los familiares de las víctimas de femicidio asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continúa, becas de estudio, vivienda, asesoría y representación legal en los procesos administrativos y judiciales relacionados.

«Esta respuesta integral pretende que las víctimas de estos femicidios puedan construir un nuevo proyecto de vida, aportando los recursos económicos para ello, brindando espacios de formación y educación continua y por supuesto, abordando las consecuencias psicológicas de la violencia”, declaró la ministra.

Según los datos oficiales, desde 2007, más de 517 hijas e hijos, 380 de ellos menores de edad, han perdido a sus madres víctimas de femicidio.

Una reforma a la Ley de Penalización de Violencia, que entró en vigencia el 23 de agosto pasado, introduce el concepto de «femicidio en otros contextos» con penas de hasta 35 años de prisión.

Esto aplica para aquellos casos en los que la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima o bien, cuando el hecho hubiera ocurrido dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado.

Esta nueva tipificación podría ampliar la cantidad de femicidios con casos que antes se clasificaban diferente.

Las cifras del Observatorio de Género del Poder Judicial indican que 398 mujeres han muerto víctimas de femicidio desde 2007.

En 2021, hubo 13 femicidios y hay 37 casos pendientes de ser clasificados debido a que se encuentran en investigación.

En 2020, la cantidad de femicidios fue de 28.