La Fiscalía de Paraguay ordenó este sábado un nuevo allanamiento a un colegio privado donde se denunció un presunto abuso sexual a un niño de seis años al parecer por parte de alumnos mayores, que ha desatado protestas de padres y la ciudadanía.
El Ministerio Público informó en sus redes sociales que tres agentes fiscales lideraron el procedimiento «sobre la base de nuevos datos recibidos por los investigadores».
Además de revisar documentos en las oficinas de la institución ubicada en la ciudad de Lambaré, vecina a Asunción, peritos y otros funcionarios recorrieron distintas áreas, entre ellas el patio y una cancha deportiva, según fotografías difundidas por la Fiscalía.
El caso que ha sacudido a la opinión pública paraguaya se conoció el viernes, cuando la madre del pequeño denunció ante la prensa que su hijo habría sido víctima de la agresión el pasado 26 de abril en el baño de la escuela.
La mujer, cuya identidad no se reveló en atención a la ley de protección a la niñez, relató que un día después alertó a la directora del colegio sobre el hecho y que al no ver que fue denunciado a las autoridades, decidió acudir a la Fiscalía.
Las autoridades ordenaron la detención preventiva de la directora y dos docentes del colegio, que este sábado fueron trasladadas a la sede del Ministerio Público en Lambaré para rendir declaración.
A las afueras del lugar se congregaron más de un centenar de personas con banderas de Paraguay, globos y camisetas verdes que entre cánticos y consignas reclamaban justicia. Al pronunciarse sobre el hecho, el ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, dijo a la cadena ABC TV que el colegio «falló» por no haber implementado el protocolo previsto.
En ese sentido, advirtió que las instituciones tanto públicas como privadas están regidas por las leyes y reglamentos de su despacho.
«Acá se quiso mentir, acá se quiso minizar, acá nos quisieron tomar del pelo y eso no voy a permitir», sentenció el ministro.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el colegio dijo haber actuado «correctamente» conforme a sus protocolos y a la ley.
Además, señaló que desde el momento en que se recibió la denuncia «se inició la investigación correspondiente» mediante la revisión de videos, interrogatorio a docentes y personal administrativo y levantamiento de información relacionada.
La nota agregó que «no existe identificación de ningún hipotético agresor, ni parte médico de lesiones, ni tampoco prueba alguna de irregularidades», e indicó que ello no implica que sigan cooperando con las autoridades.
Según la legislación paraguaya, los niños son «inimputables» hasta los 13 años, pero desde los 14 puede ser considerados «penalmente responsables» y enfrentar una pena máxima de hasta ocho años de cárcel por este tipo de crímenes y de cuatro por otros delitos.