SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD) demandó de las autoridades el apresamiento, identificación y sometimiento a la justicia de los autores de grandes contrabandos de mercancías, como dispone la recién promulgada Ley 17-19 para Erradicación del Comercio Ilícito, el Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

El licenciado Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la entidad declaró que hasta ahora, las autoridades se han limitado a hacer las incautaciones de contrabando, pero sin dar a conocer quiénes son sus autores y no se sabe si los culpables son sometidos a la justicia.

Entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa Tres a la Semana, que se difunde por Cinevisión, Canal 19, el dirigente comercial afirmó que en las redadas tras las mercancías introducidas de contrabando al país, los más perjudicados son los pequeños y medianos comerciantes, que debido a los altos impuestos, compran esas mercancías a los contrabandistas.

Cruz Rojas afirmó que el comercio se ha visto afectado por la Reforma Tributaria realizada en el año 2012, que gravó más de 250 productos que estaban exentos de impuestos. A estas mercancías se les aplicó un impuesto del 16 por ciento, el cual fue aplicado en forma escalonada en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Indicó que ese impuesto fue extraído de los bolsillos de los consumidores, que vieron menguado su poder de compra por la aplicación de dichos gravámenes. Manifestó que la reducción del poder adquisitivo de los consumidores, que no vieron un significativo aumento de sueldo, afectó al comercio en sentido general.

El directivo de CONACERD indicó que esta situación ha obligado a los consumidores a invertir mayores recursos en la adquisición de las mercancías en los comercios, que tienen menores niveles de ventas.

Aseguró que debido al efecto adverso de la última Reforma Tributaria, el gobierno no ha podido, ni podrá, realizar una nueva Reforma que modifique los gravámenes.

Indicó que la realidad ha demostrado que el consumidor no podrá ser gravado con nuevos impuestos porque su poder de compra está muy menguado.

Afirmó que aparte de que aquí se paga el Itebis más alto de la región, los comerciantes tienen que hacer frente también a los altos costos operacionales en materia de energía eléctrica, combustibles y otras cargas que aquí son más elevadas que en toda la región.

A juicio de Antonio Cruz Rojas el argumento de que aquí hay una baja carga tributaria es discutible, porque hay un mal manejo y un mal destino de los impuestos que cobra el gobierno, debido, según él, a la corrupción y para qué se dedican esos recursos.

Afirmó que el remedio sería que el Estado se decida a enfrentar la evasión fiscal, que se estima en un 40 por ciento, y no querer aplicar nuevos impuestos con una nueva Reforma Tributaria, como se ha planteado.

LEY 12-19

Esta Ley, que trata de evitar la mala práctica comercial y prevenir las evasiones, dispone la creación del Consejo Interinstitucional Público-Privado para su aplicación, que lo integran la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, El Ministerio de Salud Pública, Impuestos Internos, Aduanas e Indocal, para velar por la calidad y buena práctica comercial y Pro Consumidor.

Indicó que según cálculos del mismo gobierno, el Estado pierde anualmente entre 3,000 y 4,000 millones por evasión fiscal, así como otros 4,000 millones que estaría perdiendo el comercio por la baja de sus ventas.

Según Cruz Rojas, el gobierno debe aplicar esta ley en toda su magnitud y aplicar todas las sanciones administrativas y penales que contempla, a fin de que la práctica comercial sea transparentada, sin desmedro de ningún sector.

Según dijo, al amparo de esta ley el gobierno tiene que apresar, identificar y someter a los grandes evasores de impuestos mediante el contrabando de mercancías y otras malas prácticas comerciales.