Ante situaciones de emergencia creadas por eventos inesperados ocurridos fuera del ámbito de actuación de las autoridades de un país, la reacción más apropiada consiste en tratar de compensar los efectos que inciden directamente sobre el nivel de empleo, la inflación de precios y la calidad de vida de la población. De ese modo se procura preservar las fuentes regulares de ingresos y mantener la estabilidad cambiaria y monetaria.

En tales circunstancias de apremios imprevistos, el camino a seguir conduce frecuentemente a la necesidad de posponer proyectos de inversión para  sostener o incrementar la cuantía y diversidad de los gastos corrientes. Esa estrategia es puesta en marcha incluso por el sector empresarial privado, donde el objetivo primordial pasa a ser la continuidad operativa y la disponibilidad de flujo de  caja y recursos líquidos, a fin de hacer frente a las contingencias que puedan presentarse, detenr o demorar el desarrollo de los planes de inversión que habían sido formulados. Pero donde esa estrategia se manifiesta con mayor intensidad es en el sector público, trasladándose la aplicación de las disponibilidades de fondos desde los programas de inversión estrechamente vinculados a obras de infraestructura económica, a renglones relacionados con subsidios y demás tipos de gastos sociales.

Dado el carácter externo de esos eventos inesperados, es usual que los países afectados desconozcan cuál es la duración probable de sus efectos. Sucedió así con la pandemia y con las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania. Si la duración es breve, la preferencia por los gastos corrientes a expensas de la inversión concluiría sin lesionar el crecimiento económico. Pero si la situación se prolonga por tiempo indefinido, las consecuencias colaterales de la estrategia se harán más evidentes, impactarán en dicho crecimiento y provocarán las quejas de los segmentos sociales que hubieran sido más beneficiados por las obras pospuestas o suspendidas.