México rebasó este lunes las 100,000 personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, ante lo que las ONG reaccionaron urgiendo al Gobierno a atajar esta lacra que consideraron que va mucho más de la cifra oficial.
«Exigimos al Estado mexicano que atienda con urgencia, contundencia e integralidad la grave crisis de desapariciones e identificación humana que vivimos en México, que debe ser comprendida como parte de una terrible crisis de violencia e inseguridad», consideró en un comunicado la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
La organización también exigió al Estado mexicano que «presente y ponga en marcha» una política pública de búsqueda de personas con vida, además de identificación, que implique medidas concretas resultado del trabajo colaborativo entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre esta política destacaron la necesidad de «sistematización, concentración, y administración de bases de datos e información que se encuentra en diferentes espacios forenses y de investigación, que posibilite la localización y/o identificación de personas».
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recordó también que los organismos que lo integran han realizado «una ardua labor» para impulsar leyes y políticas públicas que garanticen la localización de personas desaparecidas pero que constatan ante las cifras «que esto no ha sido suficiente».
«Es muy doloroso y preocupante que cada vez se sumen más familias por la misma causa», dijeron en el documento.
Asimismo, destacaron que aunque la cifra oficial es alarmante, los casos son muchos más.
«Además de la gravedad de esta cifra, colectivos de búsqueda denunciamos que esa cifra es poco precisa pues, con base en nuestra experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro», consideraron.
Pero no por esto viven con menos alarmismo la cifra alcanzada este día, por lo que exigieron a las autoridades que «se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas».
El pasado 12 de abril, familiares de personas desaparecidas del Movimiento pidieron que el Estado mexicano atienda el informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) y aplique las recomendaciones de manera rápida y convincente.
Ese mismo día, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó desde Ginebra (Suiza) su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 -una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones-, la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno.
El comité hizo un análisis de la situación en México, donde hasta ese momento existía un registro oficial que contabilizaba a 98,877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- hasta la fecha.
Precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta mediados de abril desaparecieron 3,804 personas, «un promedio de 28 personas diarias».
En el documento, entre otras cosas, el comité aseguró que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en el país, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.