Las delegaciones de los tribunales, cortes y salas constitucionales, reunidos en la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC) emitieron su Declaración Final de Punta Cana 2022, en la que reiteraron que la justicia constitucional ha sido uno de los pilares del progreso y la estabilidad democrática en Iberoamérica, desempeñando un papel protagonista en la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía.
En ese sentido, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay rechazaron las iniciativas tendentes a debilitar la jurisdicción constitucional como garantía inherente al Estado democrático y social de derecho.
Los países firmantes ratificaron su compromiso con el derecho como instrumento de solución de conflictos y rechazaron “el empleo del conflicto armado y de las acciones violentas contrarias al derecho internacional que afecten a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, con violación de los derechos humanos”.
También optaron por abstenerse y respetar la decisión que cada miembro adopte en lo que se refiere a la suspensión de la condición de miembros de los tribunales constitucionales de la Federación de Rusia y de la República de Belarus, petición que hiciera la Mesa de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.
De igual forma, concibieron la jurisdicción constitucional como “la jurisdicción de la ciudadanía y de la libertad”, tema asumido por esta jornada de trabajo que les permitió reflexionar y debatir de manera fructífera sobre tres ejes temáticos: Constitución y jurisdicción constitucional, Constitución y ciudadanía y Constitución y libertad.
En la declaración se destaca que actualizaron los estatutos aprobados en 2006, destacando la definición de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional como “la asociación de los tribunales, cortes y salas que, en el ámbito de la comunidad iberoamericana de naciones, ejercen la jurisdicción constitucional con independencia, resolviendo en última instancia y con la autoridad de la cosa juzgada”.
De igual forma reiteraron que la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional está basada en el diálogo, la colaboración y la cooperación para reforzar los modelos constitucionales, consolidar los postulados compartidos y perfeccionar los sistemas para dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos en el ámbito de la justicia constitucional.
Para lograrlo incorporaron el objetivo de “promover la defensa de los derechos humanos” en los estatutos de la conferencia.
Acordaron promover el uso de la inteligencia artificial para el tratamiento de la jurisprudencia constitucional iberoamericana y el resto de las actividades que realicen y apoyar la iniciativa de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas de que el español pueda ser lengua oficial en el tribunal internacional con sede en La Haya.
Los países que participaron en el encuentro agradecieron al Tribunal Constitucional dominicano por la organización y desarrollo de esta XIV reunión de la Conferencia” y al presidente del TC de España, Pedro González-Trevijano, por la labor realizada como secretario permanente desde el 2016.
De igual forma, congratularon la elección del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla como secretario permanente de la CIJC y agradecieron el ofrecimiento de la Corte Constitucional de Ecuador para organizar la XV reunión de la Conferencia.