Un juez federal de Luisiana paralizó este viernes la decisión del Gobierno de Joe Biden de rescindir el Título 42, la normativa utilizada por Estados Unidos para expulsar de forma exprés a indocumentados durante la pandemia de covid-19.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaron semanas atrás el fin del Título 42 para el 23 de mayo, pero el juez de Luisiana Robert Summerhays suspendió los preparativos para rescindirlo y este viernes anuló definitivamente su levantamiento.
El Título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los CDC en 2020, durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), y que permaneció en vigor bajo la Administración de Biden.
Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
A principios del mes pasado, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa norma al no existir un riesgo sanitario en la frontera, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado, pero provocó preocupación en algunas comunidades fronterizas por la posibilidad de que llegaran de golpe muchos migrantes.
El juez Summerhays, nominado por Trump, suspendió el fin del Título 42 en respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Luisiana y Misuri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.
Summerhays dio la razón a estos estados en su argumento de que el levantamiento de la normativa derivaría en un aumento en la llegada de migrantes, con un impacto en sus sistema de salud.
La organización defensora de migrantes Families Belong Together condenó este viernes la decisión judicial, advirtió que «causará un daño irreparable» y exigió «un sistema de asilo justo».
Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1,8 millones de veces para expulsar a migrantes indocumentados a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.
No es el primer varapalo judicial contra la política migratoria de Biden, puesto que un juez ya suspendió su intento de acabar con el programa «Permanecer en México», instaurado por Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en territorio mexicano.