El general de mayor rango de Sudán levantó el domingo el estado de excepción impuesto en el país tras el golpe militar que encabezó en octubre del año pasado.
La decisión del general Abdel-Fattah Burhan, líder del Consejo Soberano de Sudán, se produjo horas después de que el Consejo de Seguridad y Defensa, el máximo órgano sudanés en materia de seguridad, recomendara el fin del estado de excepción y la liberación de todos los detenidos.
Las recomendaciones buscan facilitar el diálogo entre los militares y el movimiento prodemocrático, dijo el ministro de Defensa, mayor general Yassin Ibrahim Yassin, en una declaración por video. La decisión llega en un momento en que el país enfrenta protestas contra el régimen militar y en que un número aún indeterminado de activistas y exfuncionarios permanecen detenidos.
Horas antes el domingo, el enviado de la ONU para Sudán, Volker Perthes, pidió a los líderes del país que levantaran el estado de excepción y condenó la muerte de dos personas en una violenta represión contra manifestantes prodemocráticos, que volvieron a salir a las calles de la capital para denunciar el golpe de Estado del pasado 25 de octubre.
“Una vez más: Es hora de poner fin a la violencia”, dijo Perthes en Twitter.
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Cientos de personas marcharon el sábado en Jartum, donde las fuerzas de seguridad dispersaron de forma violenta a la multitud y persiguieron a la gente por las calles, según los activistas.
Los dos murieron en protestas en el vecindario de Kalakla de Jartum. Uno fue baleado por las fuerzas de seguridad y el otro murió asfixiado por inhalación de gas lacrimógeno, según el Comité de Médicos de Sudán, que forma parte del movimiento prodemocrático.
Sudán ha caído en el caos desde que el golpe militar echó por la borda la breve transición a la democracia, después de tres décadas de gobierno represivo de Omar al-Bashir, cuyo gobierno de apoyo islamista fue destituidos por el ejército en un alzamiento popular en abril de 2019.
Las protestas del sábado son parte de las incesantes manifestaciones durante los últimos siete meses, en las que se exige que los militares entreguen el poder a los civiles. Desde octubre, al menos 98 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas por la represión gubernamental contra las protestas antigolpistas, según el grupo médico.
A raíz del golpe también se detuvo a cientos de activistas y funcionarios del gobierno , muchos de los cuales quedaron en libertad más adelante gracias a la presión que ejercieron la ONU y otros gobiernos occidentales.
Los manifestantes exigen la salida de los militares del poder. Los generales, sin embargo, han dicho que sólo entregarán el control del país a un gobierno electo. Afirman que las elecciones tendrán lugar en julio de 2023, tal y como está previsto en un documento constitucional que regula el periodo de transición.
La ONU, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, un grupo regional de ocho países de África oriental, han encabezado labores conjuntas para reducir la brecha entre ambos bandos y encontrar una salida al estancamiento.
En tanto, el juicio de cuatro activistas acusados de haber matado a un policía de alto rango durante una protesta a principios de este año comenzó el domingo bajo estrictas medidas de seguridad frente al Instituto de Ciencias Judiciales y Jurídicas de Jartum. Decenas de manifestantes se reunieron en la zona en una muestra de apoyo a los acusados.
Se trata de cuatro personas detenidas en operativos realizados después de que el coronel de policía Ali Hamad muriera apuñalado mientras las fuerzas de seguridad dispersaban a manifestantes el 13 de enero. Los abogados de la defensa niegan las acusaciones.
En el juicio del domingo, los jueces ordenaron que los acusados fueran sometidos a un examen médico después de que sus abogados afirmaran que fueron torturados y maltratados durante su detención policial. El juicio se reanudará el 12 de junio.