El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para eliminar la inmunidad de todos los altos funcionarios, un día después de que la Fiscalía de la Nación amplió una investigación por presunta corrupción en su contra.
El jefe de Estado dijo que, si quieren transparencia e investigación, «sometámonos todos (a la justicia), el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los altos funcionarios del Estado».
En momentos que Castillo y el Consejo de Ministros se reunía en un encuentro descentralizado en la región amazónica de Loreto, la fiscal Rosario Quico ingresó al Palacio de Gobierno en Lima para solicitar información sobre los visitantes a la sede del Ejecutivo, a raíz de las pesquisas abiertas contra el mandatario.
Por ese motivo, Castillo pidió que lo dejen trabajar y se quejó de que «muchas veces se ensañan» con él, después de haber conocido que iba a realizarse una diligencia en el Palacio, mientras él se encontraba de viaje en Loreto.
El presidente contó que mientras estaba en Loreto tuvo que hablar con el personal que se quedó en la sede del Ejecutivo porque la fiscalía estaba nuevamente en el lugar «entorpeciendo la labor y, muchas veces, denigrando, causando muchas cosas», hasta a su «propia familia».
En tal sentido, Castillo rechazó «rotundamente» la diligencia de la fiscal.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó el domingo ampliar la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía precisó que el presidente «tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política».
Dicho artículo establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Carta Magna.
Sin embargo, el mandatario también declaró este lunes, desde Loreto, que: «Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República, a diferentes ministerios».
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, adelantó que el martes presentará «un pedido de nulidad absoluta contra la disposición del fiscal de la Nación», al considerar que se viola el artículo 117 de la Constitución, que «proscribe que a un presidente de la República en ejercicio pueda ser investigado».