La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves la «campaña de estigmatización y hostigamiento» de la Alcaldía de Medellín contra el diario El Colombiano e instó a sus funcionarios a suspender esa práctica peligrosa que podría desencadenar «actos de violencia física».
El Colombiano denunció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y algunos de sus funcionarios menoscaban la credibilidad del periódico, al que calificaron como «pasquín», y hostigan y estigmatizan en redes sociales a su directora, Luz María Sierra, en represalia por investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades, nepotismo y actos de corrupción.
Además, la Alcaldía de la citada ciudad «obstaculiza, demora o no responde pedidos de acceso a información», recogió la SIP, con sede en Miami (Florida).
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Según el medio, desde su llegada a la Alcaldía en 2020, Quintero mantiene una actitud de alejamiento respecto de los medios de comunicación, en especial con El Colombiano y sus periodistas.
Quintero fue suspendido de su cargo el pasado 10 de mayo por expresar en un video su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.
La Procuraduría General lo acusa de infringir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar en la política electoral.
No se especificó cuánto tiempo durará la suspensión, aunque presumiblemente será hasta que finalice la segunda vuelta electoral y se anuncie el nuevo presidente del país.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al alcalde y a su equipo de trabajo a «cesar el hostigamiento» contra El Colombiano y expresó su «preocupación por la continua estigmatización y el descrédito proveniente de la Alcaldía», unas acciones, dijo, que pueden «incentivar la violencia y amenazas».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, recordó que en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, muchas veces sujeta a tensiones naturales, pero esto «no justifica campañas de descrédito desde el poder».
Canahuati y Jornet subrayaron, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad».
La semana pasada, funcionarios de la Alcaldía arremetieron en contra de la directora del diario por cuestionar un viaje del alcalde y otras nueve personas a Washington, DC, para denunciar su suspensión ante la CIDH.