La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó este viernes la «suspensión de derechos» en El Salvador por la prórroga del estado de excepción en el país, y exigió al Gobierno de Nayib Bukele que mejore las condiciones «deplorables» en las que están los miles de detenidos.
«La CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas», expresó el organismo en un comunicado.
El Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción a finales de marzo y lo extendió hasta finales de junio para conferir poderes especiales al Gobierno de Bukele a fin de emprender su «guerra contra las pandillas» tras una escalada de homicidios.
La Comisión explicó que le «preocupan» las prórrogas del régimen de excepción y «las consecuentes restricciones a los derechos humanos», ya que «la suspensión de garantías no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común».
También condenó «las deplorables condiciones de detención» que existen en las prisiones salvadoreñas, como constató el organismo en una visita al país en 2019, y que se habrían «agravado» bajo el régimen de excepción.
Según datos oficiales citados por la CIDH, más de 36 mil personas habrían sido detenidas bajo el régimen de excepción, y al menos 21 habrían muerto mientras estaban privadas de libertad, de los que la mitad habrían muerto a golpes.
El organismo recordó al Estado salvadoreño que «tiene el deber jurídico ineludible» de garantizar la vida, la salud y la integridad de los arrestados, y urgió a reducir el hacinamiento, ofrecer una buena alimentación y atención médica, y a facilitar las visitas en las cárceles.
También reprochó «la falta de información pública y precisa» sobre las detenciones e instó a El Salvador a «cumplir con su obligación de informar inmediatamente» a la persona detenida, a sus familiares y a representantes sobre las razones del arresto.
Y es que el organismo ha recibido información de la sociedad civil sobre detenciones masivas arbitrarias, basadas en la edad, la condición socioeconómica y la apariencia física, como el hecho de tener tatuajes.