El Gobierno español aprobó este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario para reducir la comida no consumida que acaba en la basura, desde la cosecha hasta el hogar, con multas que pueden llegar a 500.000 euros (535.000 dólares).

«Es un instrumento jurídico pionero para combatir una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas», argumentó hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en conferencia de prensa.

La propuesta legislativa del Ejecutivo tendrá que ser debatida y votada por el Parlamento, con la idea de que entre en vigor el 1 de enero de 2023, según espera Planas.

Según su departamento, en el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.

La norma estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

Solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan.

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido, salvo en los establecimientos de bufé libre o similares.

«Esta ley pretende regular y concienciar. Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro», incidió el ministro.

La prioridad de destinar lo sobrante al consumo humano se canalizará por medio de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

La opción secundaria será la transformación en otros productos comestibles mientras mantengan sus condiciones.

Cuando los alimentos ya no sean adecuados para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria, ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.

El régimen sancionador establece falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con sanciones que pueden variar entre 2.001 y 60.000 euros (2.140-64.200 dólares).

Como infracciones muy graves (hasta 500.000 euros de multa) se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años. EFE