El presidente de Perú, Pedro Castillo, evalúa acudir al Tribunal Constitucional, en el caso de que no se admita la tutela de derechos para anular la investigación fiscal abierta en su contra por presunta corrupción, según declaró este martes su abogado Benji Espinoza.
El letrado declaró a Radio Exitosa que si en la tutela de derechos no encuentran justicia, «lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional».
Pero que, en última instancia, «tiene la palabra el TC (Tribunal Constitucional) que es el celoso guardián de los derechos constitucionales».
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente «Tarata II» sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
En esas pesquisas se incluyeron a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, liderada por Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
El fiscal general peruano, Pablo Sánchez, ordenó hace una semana ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El abogado del mandatario añadió que están evaluando si Castillo acudirá a la citación hecha por Sánchez para el próximo 13 de junio.
«Estamos evaluando, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión», anotó.
Espinoza presentó este lunes un pedido de «tutela de derechos» ante el Poder Judicial para que se anule la investigación que sigue la Fiscalía contra el gobernante, después de que la Fiscalía rechazara su pedido para que se declarara la «nulidad absoluta» de la pesquisa, ya que considera que Castillo goza de inmunidad mientras esté en el cargo.
A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, declaró a la prensa este martes que «esos señalamientos son a nivel de indicios» porque «no hay un solo elemento de prueba que vincule al presidente hasta la fecha».
Chero remarcó que la defensa del presidente y la estrategia que tienen sus abogados «es la que está en este momento realizando las acciones correspondientes».
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La decisión se conoció luego de que el pasado viernes se difundió la transcripción de un presunto audio en el que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno a Silva para obtener la licitación para la construcción del puente.