La proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes en España acuden a la prostitución se tramitará en el Congreso por iniciativa de los socialistas del PSOE y el apoyo del conservador Partido Popular.
La iniciativa del PSOE, que comienza ahora su andadura en el Congreso, recupera el objetivo de abolir la prostitución y, en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los clientes, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor.
El respaldo conservador fue clave para comenzar la tramitación de la ley, que no contó con el apoyo de algunos de los grupos de izquierda que sostienen en el Congreso al gobierno progresista liderado por el socialista Pedro Sánchez.
Esta iniciativa socialista dividió a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión muy mayoritaria y compartida por socialistas y «populares», y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.
La propuesta socialista recibió innumerables críticas, en especial por optar por un enfoque «punitivista» que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les facilite visados.
Muchas de las prostitutas que ejercen en España son inmigrantes, que están en el país de manera irregular.
En el Congreso, la portavoz socialista Adriana Lastra recordó que, según cifras del Ministerio del Interior, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, y llamó al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: «En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden», dijo.
El principal apoyo del grupo socialista llegó del conservador PP, cuya portavoz Marta González subrayó la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que comparó con el final de la esclavitud o de la pena de muerte. «Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre», defendió la diputada.
Unidas Podemos optó por el sí a la tramitación, aunque la diputada Sofía Castañón expuso múltiples discrepancias y avanzó que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros.
Fuentes del grupo socialista reconocieron que su iniciativa es «de máximos» y se mostraron abiertas a estudiar todas las propuestas.
Mientras, los grupos de izquierda y nacionalistas que habitualmente apoyan al Gobierno se dividieron entre la abstención y el no.