El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este jueves que el Ministerio Público aprovechará el tiempo en los plazos judiciales para procesar a cada persona involucrada en la Operación Medusa.
“La realidad es que el Ministerio Público va a aprovechar cada segundo disponible para procesar a cada persona involucrada en este inmenso entramado de corrupción y va a aprovechar cada segundo para recuperar cada bien que ha sido adquirido por miembros de este entramado”, dijo Camacho en una nota de prensa que envió la Procuraduría General.
El procurador adjunto respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de declarar inadmisible, por extemporánea, una solicitud con la que los abogados de los arrestados en la Operación Medusa pretendían la extinción del proceso que se les sigue por corrupción administrativa.
“Eso es una muestra de desconocimiento”, indicó respecto a los planteamientos de la defensa técnica del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso, con respecto a la decisión que tomó la jueza Altagracia Ramírez de otorgar un plazo de 15 días, siguiendo lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Penal, al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, para que proceda con el depósito del acto conclusivo de la acusación.
La jueza Ramírez fijó como límite una audiencia que se celebraría a las 2:00 de la tarde del próximo 7 de julio.
“Lo que estamos planteando ahora va a ser fácil de verificar. Eso estará en la acusación y se podrá ver, como ha sucedido en otros casos, que en este también vendrán más acusados y una enorme cantidad de bienes que el Ministerio Público ha identificado y ha incautado y que estarán presentes en la acusación”, agregó Camacho.
La intimación al Ministerio Público contempla, además de los 10 días establecidos por el citado artículo 151, otros cinco días para el proceso de notificación de la decisión de la jueza a Espiñeira Ceballos, superior jerárquico de los órganos del Ministerio Público que llevan el proceso en el que la procuradora general, Miriam Germán Brito, se encuentra inhibida desde el desarrollo de la Operación Medusa.
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El imputado enfrenta cargos criminales por encabezar una supuesta red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.
Los otros acusados hasta ahora
Además de Rodríguez Sánchez, guardan prisión preventiva el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
En el caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.