Un tribunal camboyano condenó este martes con penas de hasta ocho años de prisión a 51 activistas y políticos opositores al régimen del primer ministro, Hun Sen, en un juicio colectivo calificado de «farsa» por la ONG Human Rights Watch (HRW).
«La farsa judicial contra miembros de un partido opositor, que los tribunales disolvieron hace mucho tiempo, expone el temor del gobierno de Hun Sen a cualquier vestigio de democracia en Camboya”, denunció Phil Robertson, subdirector para Asia de HRW, en reacción a la sentencia anunciada hoy por un tribunal de Nom Pen.
La justicia camboyana encontró culpables a más de medio centenar de acusados, 31 de los cuales fueron condenados a penas de prisión de entre seis y ocho años, mientras que otros 20 fueron declarados culpables pero el tribunal suspendió sus penas de 5 años de prisión.
Todos ellos fueron condenados por los delitos de «incitación» y «conspiración» contra el gobierno de Hun Sen en relación a su apoyo al intento de regreso a Camboya en noviembre de 2019 del político en el exilio Sam Rainsy, uno de los principales líderes opositores.
Del medio centenar de condenados, 27 fueron juzgados en rebeldía, como el propio Rainsy y otros miembros destacados del ilegalizado Partido Nacional para el Rescate de Camboya (CNRP).
Por su parte, la abogada camboyana-estadounidense Seng Theary, quien acudió a la vista caracterizada como la Estatua de la Libertad, fue condenada a seis años de presión.
«Estamos profundamente preocupados por el veredicto de hoy contra Seng Theary. La libertad de expresión y asociación, y la tolerancia de los puntos de vista disidentes, son componentes vitales de la democracia», apuntó en Twitter el embajador de Estados Unidos en Camboya, Patrick Murphy.
El diplomático estadounidense además reclamó a las autoridades camboyanas «que la liberen a ella y a otros activistas de derechos humanos del encarcelamiento injusto».
Este juicio, que comenzó en enero de 2021, es uno de los dos macroprocesos contra unos 140 políticos y activistas vinculados al principal partido opositor, ilegalizado en 2017.
“Los juicios masivos contra miembros de la oposición política en realidad pretenden evitar cualquier desafío electoral al gobierno de Hun Sen, pero también simbolizan la muerte de la democracia en Camboya”, dijo Robertson al precisar que estos procesos buscan «intimidar y perseguir» a los críticos con Hun Sen.
HRW pide a Naciones Unidas y a la comunidad internacional presionar al gobierno de Hun Sen, quien según Robertson «demuestra su total desprecio por los derechos democráticos», para lograr la nulidad de las sentencias y se termine con el acoso a la oposición.