El presidente peruano Pedro Castillo aseguró el jueves que acudirá a la citación de la fiscalía a declarar este viernes, en un caso de presunta corrupción por el cual es investigado.
«Asistiré a todas las citaciones», dijo el mandatario izquierdista tras una ceremonia con dirigentes indígenas en el palacio de gobierno en Lima.
«En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar», agregó al negar irregularidades en su gestión, que empezó en julio de 2021.
La citación está programada para las 10h00 locales (15h00 GMT), pero se ignora si Castillo asistirá a la sede de la fiscalía a declarar o si recibirá en su despacho al fiscal encargado del caso, Samuel Rojas.
La fiscalía investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
La fiscalía tiene previsto interrogar a Castillo este viernes, mientras los investigados del entorno presidencial están escondidos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos.
Pese a la buena disposición de Castillo a cooperar con la justicia, su abogado Benji Espinoza pidió el miércoles en una audiencia judicial bloquear la investigación del fiscal, apelando a la inmunidad del mandatario.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía.
El presidente izquierdista finaliza su mandato en julio de 2026.
El 30 de mayo Castillo denunció que la fiscalía desató una «persecución política» contra él por este caso, pero el 5 de junio se allanó a cooperar y negó cualquier acto ilícito de su parte.
Una comisión del Congreso acordó el miércoles investigar al mandatario por este mismo caso.