La Fiscalía de Ecuador encabezó este domingo una operación policial de allanamiento a las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en el centro-norte de Quito, tras recibir una denuncia anónima relacionada con la movilización indígena contra la gestión económica del Gobierno.
«En este momento la Fiscalía allana la Casa de la Cultura en el marco del paro nacional», escribió en su cuenta de Twitter Fernando Cerón, el presidente nacional de la CEE y mostró imágenes del documento presentado por el Ministerio Público para ingresar en el complejo cultural.
«La última vez que pasó esto fue en los años 60s en dictadura», afirmó Cerón en la red social, mientras que medios digitales informaron que la Fiscalía había ejecutado la operación ante una denuncia anónima que alertaba de un supuesto delito contra la administración pública.
Cerón, en declaraciones posteriores, se quejó por «la violencia» con la que los agentes han desarrollado el allanamiento, ya que han impedido a las autoridades de la sede cultural tomar imágenes o grabar videos de la operación fiscal.
Contó que la CCE dispone y ha establecido nuevos procedimientos para vigilar sus instalaciones y que, gracias a ello, podía certificar que no había ingresado al complejo los materiales que se habían advertido en la denuncia anónima.
La denuncia anónima, además, advertía de que unas 30 personas, entre inmigrantes venezolanos y ecuatorianos, habían ingresado «municiones y armamento», agregó Cerón, aunque reiteró que no se ha encontrada nada de ello.
También negó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) haya pedido que se le facilitaran las instalaciones para alojar a los manifestantes, como ya ha ocurrido en el pasado.
Lo que sí confirmó es que la Policía le había solicitado el espacio para alojar a agentes con el fin de dirigir desde ahí las acciones encaminadas a repeler las protestas, a lo que se había negado.
Cerón insistió en que ese espacio está destinado a apoyar las expresiones culturales de los ecuatorianos y que es un recinto de paz que incluso podría servir como escenario de mediación para un eventual diálogo entre los manifestantes y el Gobierno.
La sede de la CCE en Quito fue el albergue para cientos de indígenas que en octubre de 2019 protagonizaron una dura paralización contra la gestión económica del entonces presidente Lenín Moreno, sobre todo contra un decreto que aumentaba permanentemente el precio de las gasolinas, que es también una de las quejas actuales.
El paro nacional convocado por la Conaie y apoyada por varios colectivos sociales, cumplió este domingo su séptima jornada, y además fue el segundo día de vigencia de un Estado de excepción aplicado por el Gobierno para intentar contener las protestas.