El Congreso de Perú revisará la decisión que tomó de archivar una denuncia constitucional presentada contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros por la muerte de dos manifestantes en las protestas que, en noviembre de 2020, forzaron su renuncia tan solo cinco días después de ocupar al cargo.

La información fue revelada este martes por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Rosío Torres, quien señaló, en declaraciones citadas por la emisora RPP, que un pedido de reconsideración fue presentado por el legislador izquierdista Edgard Reymundo Mercado.

«La reconsideración va a ser vista muy probablemente el lunes, cuando citemos para una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», detalló Torres.

El grupo legislativo archivó el pasado viernes, con el voto dirimente de Torres, la denuncia presentada por la Fiscalía contra Merino, su ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de los jóvenes manifestantes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El informe que recomendó esa decisión fue elaborado por el congresista Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, y recibió siete votos a favor, siete en contra y una abstención.

La entonces Fiscal de la Nación (general) Zoraida Ávalos había presentado en octubre pasado una acusación constitucional contra los tres acusados como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.

La decisión del grupo legislativo generó el inmediato rechazo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, de algunos medios locales y de los familiares de los fallecidos, que consideran que «blindó» a Merino, incentivando la impunidad.

Amnistía Internacional (AI) había pedido el pasado 10 de junio al Congreso que permitiera, «sin más dilaciones», la investigación fiscal contra Merino por la represión policial ejercida durante las manifestaciones, que además de las dos muertes, dejó gravemente heridos a varios manifestantes y causó lesiones a periodistas.

Tras la decisión del Parlamento, el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, anunció que el organismo evaluaría con los familiares de las víctimas la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

Merino, quien era presidente del Congreso, ocupó durante cinco días la Presidencia de Perú tras la destitución de Martín Vizcarra (2018-2020) por la oposición Legislativa, liderada por el fujimorismo, que lo acusó de una presunta incapacidad moral.

Tras la salida de Merino del cargo, en medio de multitudinarias protestas ciudadanas, el Congreso designó al también legislador Francisco Sagasti, de tendencia liberal, para presidir un Gobierno de transición que convocó a elecciones generales y transfirió el poder en julio del año pasado al izquierdista Pedro Castillo.