Las multas aplicadas a conductores por alegadas violaciones a la Ley 63-17 de tránsito sumaron 900 mil el año pasado, arrojando la suma de 241 millones de pesos, según revela un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE).
El estudio dice igualmente que estos fondos no son reinvertidos totalmente en el sistema y dejan fuera a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros renglones necesarios para solucionar esta problemática.
Asimismo, advierte que de aplicarse las disposiciones con los montos establecidos para las multas que es de 2 a 7 salarios mínimos, según la Ley 63-17, se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.
La investigación indica que durante los últimos cinco años se emitieron en promedio cerca de 700,000 multas anuales.
Durante 2018, las contravenciones de tránsito dictaminadas por la DIGESETT fueron más de 900,000 en todo el país, con una tendencia al alza bastante marcada.
Cita el estudio que las infracciones más comunes ocurrieron por la falta del casco protector en ciclistas y motoconchistas.
“Que se haya aumentado la colocación de multas de tránsito luego de la entrada en vigor de la Ley 63-17 no implica, necesariamente, una reducción de los accidentes de tránsito en el país, por lo que es conveniente redirigir la discusión sobre la efectividad de su aplicación a otros aspectos que no sean las contravenciones”, recomienda la investigación del OPD-FUNGLODE.
El estudio «Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana», publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a este problema.
Señala que “en 2017 se aprobó, promulgó e inició la implementación de la Ley núm. 63-17, que cambió la estructura y organización, y estableció un régimen de sanción pecuniario con base en salarios mínimos. En principio, la norma no contempló qué sucedería en caso de que se realizara un aumento salarial, hecho que ocurrió en marzo del año en curso y que provocó el incremento de los montos en las multas por infracciones de tránsito”, explica .
El estudio revela que de 2017-2018 el aumento de las multas representó un 900 por ciento con relación al año anterior.