Ocho de cada diez mujeres encarceladas en México sufren algún tipo de tortura por parte de una autoridad pública durante su proceso legal, reveló este lunes la Secretaría de Gobernación (Segob) del país.
Asimismo, se dio a conocer que el 32,19 % de las mujeres fueron sometidas a actos de tortura sexual y el 11,64 % padecieron actos con connotaciones sexuales.
El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México fue presentado por la Segob -cuyo titular es Adán Augusto- y recaba 1,280 entrevistas a mujeres privadas de su libertad.
«El Estado reconoce que la tortura sexual contra mujeres es una práctica que actualmente persiste en nuestro país y que es cometida por parte de diversos agentes de seguridad pública tanto a nivel estatal como federal», indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se recordó que la elaboración de este diagnóstico era una tarea pendiente desde 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en contra de mujeres en el municipio de San Salvador Atenco (en el céntrico Estado de México).
Varias mujeres sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México.
Sufrieron también tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, entre otras faltas a los derechos humanos.
El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.
La determinación de la CIDH ordenó otras medidas además de la elaboración anual de este diagnóstico, como mecanismos de reparación, investigación y el establecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.
El Diagnóstico contempla también una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial, instituciones de seguridad, organismos protectores de derechos humanos, comisiones de atención a víctimas y sistema penitenciario.
Además, presenta una hoja de ruta para mejorar los procesos legales como la necesidad de atender «proactivamente» las denuncias por tortura realizadas por mujeres y asegurar la debida investigación de los perpetradores.
También documentar «diligentemente y bajo los estándares en la materia» la tortura, promover la admisión de peritajes independientes, garantizar la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura en los procesos penales a los que están sujetas las mujeres, asegurar la debida atención en materia de salud y dotar de recursos a las instancias encargadas en materia de tortura, incluyendo al Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, entre otras.