El titular de la comisión de la Unión Africana denunció el trato «violento y degradante» a los migrantes y pidió una investigación del intento masivo de entrada desde Marruecos al enclave español de Melilla que terminó con al menos 23 muertos.

El Consejo de Seguridad de la ONU analizará en una reunión el miércoles este drama por el que la justicia marroquí ha emprendido acciones legales contra 65 migrantes presuntamente partícipes del asalto a la ciudad española enclavada en el reino norafricano.

«Manifiesto mi profunda conmoción e inquietud frente al trato violento y degradante de migrantes africanos que buscan cruzar una frontera internacional entre Marruecos y España«, tuiteó el domingo por la noche el chadiano Moussa Faki.

«Pido una investigación inmediata sobre este tema y recuerdo a todos los países sus obligaciones, según la ley internacional, de tratar a los migrantes con dignidad y de dar prioridad a su seguridad y sus derechos humanos, limitando al mismo tiempo todo uso excesivo de la fuerza», agregó este responsable de la UA.

En un tuit, el embajador de Kenia ante la ONU, Martin Kimani, anunció que, a iniciativa de su país, Gabón y Ghana, los otros dos miembros africanos no permanentes del Consejo de Seguridad, se celebraría una reunión a puerta cerrada sobre la represión violenta de los migrantes.

Según los diplomáticos, la sesión, prevista inicialmente para el lunes, se pospuso finalmente al miércoles y tratará sobre «la violencia mortífera a la que se enfrentan los migrantes africanos que entran» a Melilla, indicó Kimani.

Pese a las denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, el gobierno español agradeció el lunes «la colaboración» de Marruecos en «la defensa» de sus fronteras, dijo su portavoz Isabel Rodríguez.

El gobierno «lamenta la pérdida de vidas humanas», señaló Rodríguez, que responsabilizó de los hechos a las «mafias internacionales que trafican con seres humanos».

El Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial marroquí, anunció el lunes la creación de una «misión de información» sobre los «eventos trágicos y violentos» provocados por el intento de asalto.

 Migrantes perseguidos 

La fiscalía del tribunal de primera instancia de la ciudad marroquí de Nador (norte), limítrofe con Melilla, inició procedimientos legales contra 65 migrantes, en su mayoría sudaneses, por esos hechos.

Los acusados formaban parte del grupo de casi 2.000 migrantes que trataron de entrar por la fuerza el viernes por la mañana en el enclave español de Melilla, situado al norte de Marruecos.

Al menos 23 migrantes en situación irregular fallecieron y 140 policías resultaron heridas, según las autoridades locales marroquíes. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) eleva el balance a 27 muertos.

La fiscalía inculpó a 37 migrantes por «entrada ilegal a suelo marroquí», «violencia contra agentes de la fuerza pública», «tumulto armado» y «desacato», declaró a AFP su abogado Khalid Ameza.

Otro grupo de 28 migrantes será juzgado por «participación en una banda criminal en vistas a organizar y facilitar la inmigración clandestina al extranjero», añadió Ameza.

El abogado precisó que la mayoría de acusados procedían de Darfur, una región del oeste de Sudán que se encamina a una crisis alimentaria y donde recientes episodios de violencia han provocado más de 125 muertos y 50.000 desplazados.

También hay personas procedentes de Chad, Malí y un yemení.

El día después del drama, una cincuentena de organizaciones de defensa de migrantes, entre ellas AMDH y la española Caminando Fronteras, exigieron la apertura de una investigación «inmediata».

«La muerte de estos jóvenes africanos (…) nos alerta sobre el carácter mortífero de la cooperación en materia de seguridad sobre la migración entre Marruecos y España«, agregaron.

El suceso es, de lejos, el más mortífero de las numerosas tentativas de entrada a Melilla o al otro enclave español en Marruecos, Ceuta, que constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África.

Además, es el primero desde que en marzo se normalizaron las relaciones entre Madrid y Rabat, que superaron una crisis diplomática de casi un año.

Para Madrid, el objetivo principal de este deshielo fue asegurar la «cooperación» de Rabat en el control de la migración irregular.