La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco ONG del país caribeño, denunció este domingo una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas.
«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez», señaló la organización en un comunicado de prensa.
La plataforma, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público, indicó que estas «detenciones arbitrarias» representan «otro ataque» a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.
Todos los detenidos, señaló la organización, han ejercido el activismo sindical en diversas regiones del país y Gabriel Blanco actualmente se desempeña como trabajador humanitario.
«En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingresos a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o por exigir el cumplimiento de garantías laborales», agregó.
Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
«Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más», indicó la organización en su cuenta de Twitter.
La ONG venezolana Provea denunció el pasado 7 de julio que la gestión del presidente Nicolás Maduro «insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución nacional y la legislación vigente».
«Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida», añadió.