Entre las supuestas andanzas delictivas que realizó la red Medusa desde la Procuraduría General de la República estuvo, según el Ministerio Público, la falsificación de una firma y un informe para favorecer a una empresa con una licitación por más de 47 millones de pesos. 

Todo comenzó con la instalación de un moderno laboratorio de ADN en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como un proyecto para mejorar las investigaciones criminales, el cual venía desde la gestión de Francisco Domínguez Brito en la Procuraduría, pero que fue Alain Rodríguez quien lo materializó.

El expediente señala que en enero del 2017, la Procuraduría contrató a un asesor, experto en instalación de laboratorio de ADN, para orientar al Inacif sobre las condiciones que debería tener el moderno laboratorio. 

Expresa la acusación del Ministerio Público que el experto, de nombre Rafael Sánchez, viajó desde Miami, Estados Unidos, y les hizo las sugerencias de forma verbal de cómo debería estar equipado el laboratorio a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Stefano Canó Sacco. 

 Sin embargo, estos supuestamente omitieron las sugerencias y montaron otro informe con la firma falsa del experto para lograr su objetivo. 

 “A lo que el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert, le exigió a Claudio Jiménez, cambiar la información remitida por correo por el asesor Rafael Sánchez y en su lugar elaboraron un documento para responder “a los planes delictivos de la estructura criminal” de Alain Rodríguez “simulando a través del mismo la intervención de Rafael Sánchez para recomendar el Rapid Human Identification DNA o Método de Identificación Rápida de ADN de última generación, como el equipo ideal para alcanzar el propósito de un análisis forense de ADN, cuando era sabido por ellos que este equipo no tenía utilidad para análisis forenses”, indica el expediente.

 El informe fue remitido en marzo del 2017 al Inacif, desde donde les hicieron reparos porque no se correspondía con el laboratorio de verdad. Sin embargo, indica la acusación que Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Stefano Canó Sacco no hicieron caso a las observaciones de los profesionales del Inacif.

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La finalidad de falsear el informe era para que la empresa First Medical Depot by Guzmán, S.R.L., empezara a prepararse para participar en la licitación que serían favorecida. 

“Los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez,Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco, como líderes de este entramado criminal, simularon un proceso “transparente” para la adjudicación de los cuarenta y siete millones quinientos un mil ochocientos noventa pesos dominicanos con 00/100 (RD$47,501, 890.00), por lo que disfrazando de legalidad el proceso, manipularon el cumplimiento de los requisitos que exigen la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación», sostiene el expediente del MP.

 El Ministerio Público señala que también los involucrados falsearon a firma del doctor Rafael Sánchez, quien nunca hizo tales observaciones, sino que se trató de un plan de amañar la licitación a su favor. 

El pago de los RD$47,501, 890.00. a la empresa First Medical Depot by Guzmán, S.R.L se hicieron en varias partidas, pero esta corporación, al igual que todas las involucradas, sacaron el 20 % del monto sin impuestos para la red Medusa, según las autoridades.