El Ministerio Público señaló en el expediente levantado por el caso Medusa que el exprocurador Jean Alain Rodríguez habría comprado con fondos de la Procuraduría General de la República drones y equipos de desactivación de señal digital que no solamente fueron “utilizados” para su uso personal, sino “para prestárselos al entonces presidente Danilo Medina”.
El argumento está contenido en las declaraciones testimoniales de Rafael Stefano Canó Sacco, otro de los imputados en el caso.
El documento acusatorio detalla que Rodríguez habría empleado estos equipos en su villa de Casa de Campo.
Las autoridades aseguran que los citados equipos fueron comprados “bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales, en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización”.
“También, probamos que, se violaban las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como de comparación de precios”, añade el documento.
Se recuerda que el expediente ha planteado que el exfuncionario contaba con el “apoyo incondicional” del entonces presidente.
Según el expediente, la Procuraduría General de la República se quedó sin dinero para el proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, que había ideado construir con los pagos de la constructora Odebrecht, por los sobornos otorgados, por lo que Jean Alain Rodríguez “vuelve donde su aliado, el presidente Danilo Medina Sánchez, obtuvo fondos de la presidencia a los fines de continuar con el proyecto”.
La acusación dice que todas esas acciones eran conocidas, permitidas, y en algunos casos aupadas por el expresidente Danilo Medina con acciones como permitir que la Procuraduría General de la República se embarcara en la construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, sin tener planificación.
¿Qué más comprobó el Ministerio Público tras el testimonio de Canó?
A raíz del testimonio de Canó Sacco, el Ministerio Público indicó: “probamos la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría General de la República como su trampolín público”.
En el expediente las autoridades indicaron que comprobaron la creación “y desarrollo de un entramado comunicacional” diseñado para “exaltar” la figura de Rodríguez mediante el uso de fondos públicos.
El Ministerio Público dijo haber corroborado el uso de recursos de la Procuraduría para el pago de asesores mexicanos, quienes habrían empleado bienes incautados para su favor, con la autorización del exfuncionario.
Con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, las autoridades dicen probar que el exprocurador “dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política”.
Agrega el documento que fueron probados por las autoridades “los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles, se hicieron con la intención del acusado Jean Alain Rodríguez, en obtener beneficios económicos a su favor”.