Unos 1,800 indultos carcelarios serán concedidos por el gobierno ecuatoriano hasta fines de julio, informó el lunes el presidente Guillermo Lasso en un acto en el que presentó a 1,400 aspirantes a guías e inspectores penitenciarios. Ésta es una de las acciones dispuestas por su administración para la transformación del sistema de rehabilitación social.

Estos “indultos generalizados” son para delitos menores con el fin de que los privados de libertad “no sean captados por las mafias”, aseguró el mandatario, quien exceptuó de estos beneficios a “aquellos que hayan asesinado a una persona o herido a alguien”. Hasta el momento se ha favorecido a 800 personas “que han salido gracias a estos indultos y hasta fines de mes esperamos llegar a 1,800”, agregó.

La medida busca eliminar el hacinamiento carcelario en los 36 centros de rehabilitación social que existen en Ecuador y que acogen a 32,600 presos.

Con la política de indultos el porcentaje de sobrepoblación penitenciaria ha disminuido de 26.75 % en 2021 a 8 % en 2022, afirmó en el mismo evento el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez. Hasta diciembre de este año, se espera completar 3,000 indultos para reducir el hacinamiento al cero por ciento, dijo.

La presentación de 1,400 aspirantes para agentes de seguridad penitenciaria es otra acción del plan estratégico para la transformación del sistema de rehabilitación social, que precautelará los derechos de los privados de libertad, pero que doblará la vigilancia, manifestó el presidente Lasso. Añadió que el siguiente año se sumarán 1.000 agentes más para cumplir los estándares internacionales de control en las cárceles. Los aspirantes que inician el proceso de formación se incorporarán a la vigilancia en noviembre de 2022.

Por su parte, el director del sistema penitenciario afirmó que otros pilares para el cambio del modelo carcelario en Ecuador implican la reestructuración institucional, la profesionalización del cuerpo de seguridad carcelaria, la repotenciación de la infraestructura, la construcción de un proceso de pacificación al interior de los centros de rehabilitación, el diseño de una política pública penitenciaria y el equipamiento tecnológico. En este último punto, se ha ejecutado procesos de compra por unos 30 millones de dólares, de un presupuesto asignado de 125 millones de dólares hasta 2025, acotó.

Para el consultor internacional en temas de seguridad, coronel Mario Pazmiño, la entrega de indultos no contribuye a solucionar la situación de inseguridad que vive el país, porque “no se han realizado las capacitaciones para una reinserción social” de los privados de libertad, aseguró en diálogo con The Associated Press.

El experto tampoco consideró que la salida de 1,800 presos reduzca la violencia al interior de los centros carcelarios y calificó como “un golpe a la sociedad”, la salida de estas personas por “alivianar la carga” en las cárceles.

“Con estos indultos lo único que va a generar es que regresen al mismo centro penitenciario, mientras la sociedad verá que mientras más violencia existe, el gobierno sigue sacando a personas que estaban cumpliendo una condena”, lo cual puede afectar los niveles de gobernabilidad, dijo.

A su criterio, el trabajo de depuración se debe hacer a través del sistema de justicia, pues existen 16,000 personas en los centros carcelarios que no cuentan con sentencia ejecutoriada.

Ecuador afrontó en 2021 una de las crisis más profundas en su sistema carcelario, con episodios violentos entre bandas delincuenciales que dejaron centenares de presos muertos y ante lo cual el gobierno recibió llamados de atención de organismos internacionales que urgieron acciones para frenar la escalada de las masacres en lo centros de privación de libertad.