El ministro ecuatoriano de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, anunció este lunes que en su gestión impulsará el Plan Económico de la Reactivación «para alcanzar orden con enfoque social».
Arosemena, que asumió el cargo la semana pasada, dijo que sustentará ese plan en tres elementos: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y construir obra pública.
Se debe hacer «que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos, a través de servicios, créditos, bonos y más», señaló.
Y sobre la carestía de la vida, anotó que «los ecuatorianos sienten carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente».
Precisamente la delicada situación económica de las familias provocó en la segunda mitad de junio pasado una protesta indígena que duró 18 días, dejó 6 fallecidos y unos 400 heridos entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, así como millonarias pérdidas económicas.
Las primeras mesas de diálogo para tratar los asuntos que motivaron las protestas se instalarán el próximo miércoles, en Quito. El proceso de diálogo para abordar todos los temas durará 90 días.
Reglas claras
Para avanzar en la reactivación de la economía con enfoque social, Arosemena planteó «reglas claras y confianza para hacer crecer la economía, e impulsar la construcción de obra pública y la generación de empleos de calidad».
El ministro señaló que impulsará un trabajo con las diferentes instituciones del Estado central para desplegar los recursos presupuestarios ya asignados que ayuden a cumplir, más rápidamente, la inversión pública que aún falta por ejecutarse en este año.
«Las decisiones que tomemos van a beneficiar a 17 millones de ecuatorianos. Estamos priorizando la inversión relacionada con bienestar social, salud, educación, agricultura y vialidad», dijo.
Además, se inyectarán recursos para dinamizar las economías de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a través de la realización de obras en territorios, lo que ayudará a dinamizar la economía de las diferentes comunidades, indicó el Ministerio.
«Se dará orden y prudencia en el manejo de las finanzas públicas» y se espera «avanzar en la reducción del déficit fiscal hasta alcanzar un -2 % del PIB (Producto Interior Bruto) en este año; -0.60 % del PIB en 2023; 0.5 % del PIB en 2024 y tener un superávit fiscal para el 2025», añadió en un comunicado.
En cuanto al Sector Público No Financiero, Arosemena manifestó que «la meta es mantener superávit: 0.90 % del PIB en 2022; y un promedio de 1.90 % del PIB en los próximos años».
«Mantener los objetivos fiscales ya trazados permitirá generar espacio para fortalecer el gasto social, reducir atrasos, contratar menos deuda y fortalecer las finanzas públicas», indicó.
Y sobre los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo, precisó que hay que ser cautos y realistas en este tema porque la fluctuación de estos valores es variable en el mercado internacional y así como el precio ha subido, también ha bajado en algunos períodos.
El ministro reiteró que se reactivará la economía en el sector rural, fortaleciendo a la banca pública para que los créditos productivos y de bajo costo lleguen a los pequeños agricultores, ganaderos, artesanos y a la economía popular y solidaria.