El Ministerio Público solicitó este martes el retiro de inmunidad a la jueza de alto riesgo Claudette Domínguez, quien tuvo a su cargo un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público, mediante su Fiscalía de Asuntos Internos, aseguró que la titular del Juzgado Primero de Instancia Penal de Mayor Riesgo cometió los delitos de abuso de autoridad y prevaricato cuando tuvo el caso a su cargo.

De acuerdo con el Ministerio Público, el 8 de septiembre de 2017 Domínguez celebró una audiencia de primera declaración en la cual autorizó la aprobación del convenio de colaborador eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira Machado, Luis Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón.

Según el Ministerio Público, existió una irregularidad ya que las tres personas, de nacionalidad brasileña, no estuvieron en presencia de la juzgadora para esa declaración.

El ente investigador añadió que las tres personas admitidas por colaboradoras eficaces en el caso Odebrecht se encontraban en Brasil, por lo que la jueza «no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al poder judicial».

De esa forma, Domínguez atentó «contra la seguridad jurídica, el principio jurídico del debido proceso y la instituticionalidad del Estado de Guatemala», expresó el MP.

Un acuerdo anulado

El pasado 24 junio, un acuerdo de colaboración judicial entre el Ministerio Público y Odebrecht fue anulado por una corte de Apelaciones guatemalteca.

La decisión fue decretada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, a solicitud de uno de los principales acusados del caso, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi (2012-2014), según confirmaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público valoró positivamente la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones, según indicó mediante sus canales de comunicación.

Sinibaldi está acusado de varios casos millonarios de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), incluido el de Odebrecht, divulgado por las autoridades en 2017, donde supuestamente recibió entre 2011 y 2013 casi 18 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma extranjera.

El convenio de cooperación que existía entre el Ministerio Público y tres exrepresentantes de la constructora brasileña permitió determinar la manera en que se organizó el soborno de funcionarios locales como Sinibaldi, tal y como sucedió en otros países, según señalaron expertos en el caso.

Dos días después, la compañía brasileña expresó su «sorpresa» por la anulación de un acuerdo de colaboración judicial con el Ministerio Público de Guatemala, sobre los actos de corrupción de la firma extranjera en el país centroamericano.

Odebrecht aseveró en un comunicado de prensa divulgado en Guatemala que, en su opinión, el acuerdo certificado con el Ministerio Público en 2017 contaba con «todos los trámites necesarios» para mantenerse en vigencia.

Al menos 24 funcionarios anticorrupción guatemaltecos, entre fiscales y jueces, han tenido que salir al exilio en los últimos meses y años debido a que dicen ser perseguidos judicialmente por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos acusada de «obstruir» la Justicia.