Líderes magisteriales en huelga y el gobierno continuaron el sábado en la central provincia de Veraguas un diálogo que busca apaciguar las mayores protestas sociales en el país centroamericano en contra del alto costo de los combustibles y los alimentos.

En el segundo día de conversaciones en la central provincia de Veraguas, los lideres de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado —que además de educadores también aglutina a sectores agrícolas y pescadores artesanales, entre otros— intentaban llegar a un acuerdo con el gobierno sobre el precio de la gasolina.

El líder magisterial Luis Sánchez dijo el sábado que una propuesta de 3,40 dólares para el precio del galón de gasolina, surgida en el día anterior, no fue aprobada por sus compañeros y que buscarán un precio más bajo, para luego seguir con los otros reclamos que incluyen la disminución en el precio de los alimentos y de los medicamentos.

El coste de la gasolina, que en los últimos meses casi se duplicó, fue congelado esta semana en 3,95 dólares por el presidente Laurentino Cortizo en un intento infructuoso por lograr apaciguar las protestas y que también incluyó la regulación del precio de 10 productos de la canasta básica alimenticia.

Mientras, en la capital otro movimiento que también aglutina educadores y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Construcción, anunció que se mantendrá en paro y continuará las protestas en las calles, al tiempo que reclamaba una sola mesa de negociación.

“Hemos propuesto una sola mesa con todos los que estamos luchando en las calles, es la unidad del pueblo en una sola mesa”, dijo Saúl Méndez líder del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) al término de una asamblea general realizada por las distintas organización sindicales y sociales que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Las protestas, que iniciaron gremios magisteriales en el interior con marchas y una huelga, fueron sumando trabajadores, organizaciones sindicales y sociales y comunidades e indígenas del occidente del país. El incremento del combustible y de los alimentos en los últimos meses aunado a cuestionamientos por el manejo del gasto público, desencadenó las protestas en un país que arrastra por décadas profundas desigualdades sociales.