El Gobierno boliviano presentó este martes un proyecto de ley que busca «fortalecer» la norma contra la violencia hacia las mujeres que rige en el país desde 2013 y cuya aplicación plena ha sido una demanda constante de las organizaciones feministas.

El documento fue entregado por la dirigente campesina Flora Aguilar al presidente del país, Luis Arce, en un acto en la casa de Gobierno al que asistieron ministros, parlamentarias, exautoridades, funcionarias y representantes de sindicatos y organizaciones sociales y feministas afines al oficialismo en su mayoría.

Los ministros de Justicia, Iván Lima, y de la Presidencia, María Nela Prada, destacaron por separado que el anteproyecto fue trabajado con una amplia participación de diversos sectores, con más de un millar de propuestas para mejorar la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia.

A su turno, Arce destacó algunas medidas asumidas por su Gobierno, como la creación de una comisión que revisó casos en los que feminicidas e infanticidas sentenciados fueron liberados o la reciente aprobación de una ley que establece sanciones contra operadores judiciales que favorezcan de alguna forma a los acusados de estos delitos.

«Estamos avanzando, pero sabemos que nos faltan muchos pasos y consideramos que hoy damos tal vez uno de los más importantes pasos porque recibimos este anteproyecto de ley de las manos de ustedes que como organizaciones sociales de mujeres fueron partícipes de las más de mil propuestas que nos llegaron y que se sistematizaron», resaltó.

Según Arce, cuando la nueva norma se promulgue «se construirá un sistema estatal de resguardo a las mujeres, con mecanismos de interoperabilidad que permitan acciones oportunas, rápidas y eficientes» para combatir todo tipo de violencia machista.

«Con esta ley se acabarán los fueros y privilegios de los agresores. Quien agreda a una mujer debe estar seguro de que su agresión recibirá una sanción con todo el peso de la ley», advirtió el gobernante.

ALGUNOS ANTECEDENTES

En el primer semestre del año, el país reportó 48 casos de feminicidio y 24,918 casos de violencia contra mujeres y menores, según datos de la Fiscalía boliviana.

El feminicidio está sancionado en el país con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima de la legislación boliviana, mediante la ley 348 promulgada en 2013 por el entonces presidente Evo Morales.

No obstante, las organizaciones feministas han reclamado desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

También han causado indignación los casos de feminicidas con sentencia que fueron liberados y que reincidieron, ante lo cual el Gobierno creó la comisión para revisar los procesos en los que los infractores se hubieran beneficiado con la libertad.

El Ejecutivo declaró esta gestión como «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización», en pro de establecer soluciones estructurales para detener los persistentes casos de violencia contra las mujeres en Bolivia.

ALGUNAS REFORMAS PROPUESTAS

El documento presentado en esta jornada llena algunos «vacíos» de la ley 348 y «crea» competencias para dar responsabilidades a las entidades territoriales autónomas y al nivel central, destacó Flora Aguilar.

Según la dirigente, se propone que «todos los tipos de violencia» tengan un «proceso sancionador administrativo y/o penal» y se crea una Red Funcional de Lucha y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para coordinar políticas y ejecución de recursos entre todos los niveles de gobierno.

El proyecto también crea «un procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia diferenciado que suprime etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio» y refuerza la aplicación de medidas de protección especial para las víctimas, señaló Aguilar.

Además establece la «prioridad de búsqueda de mujeres ante desaparición» en caso de que haya antecedentes de violencia y plantea la creación de un «sistema administrativo sancionador diferencial en los ámbitos de salud, educación, trabajo y comunicación», explicó.

El Gobierno instó al Legislativo a tratar con prioridad este proyecto.