El renunciante ministro de Interior, Mariano González, instó el miércoles al Congreso a separar del cargo al presidente Pedro Castillo por considerar que encubre la corrupción y a miembros de su entorno prófugos de la justicia.
«Considero que debe producirse la sucesión constitucional. Más allá de cualquier duda, cuestionamiento que haya sobre otras personas, incluyendo la vicepresidenta, (ésta) debería producirse de inmediato, el Congreso debería tomar acción ya», dijo González en explosivas declaraciones a la radio RPP.
El saliente ministro, que llevaba 15 días en el cargo, aseguró que su sorpresivo despido está vinculado con una decisión de Castillo de encubrir la corrupción en el gobierno.
«No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia», agregó González.
«Creo que por el esclarecimiento de la verdad y por el país el señor (Castillo) debería someterse a la justicia», acotó.
La denuncia de González desató una nueva crisis política entre el gobierno izquierdista y el Congreso dominado por la derecha, que busca convocar a una sesión extraordinaria para destituir al presidente Castillo.
González afirmó que se enteró de su cese por un tuit de Castillo la noche del martes.
La remoción del ministro se produjo horas después que el ministerio del Interior anunciara la formación de un equipo especial de la policía para capturar a tres integrantes del entorno presidencial investigados por la fiscalía por corrupción, quienes se encuentran prófugos desde junio.
El presidente Castillo, que este 28 de julio cumplirá un año en el cargo, también es investigado junto a sus tres excolaboradores.
Los tres prófugos son un exministro de Castillo, un sobrino que fungía de asesor del mandatario y el exsecretario de la presidencia peruana, todos miembros del entorno de Castillo desde el inicio de su gobierno en julio de 2021.
«Creo que el señor Castillo está obstruyendo a la justicia porque está impidiendo el trabajo de los agentes de Inteligencia especializados que buscan a los prófugos”, abundó el ministro dimitente en sus declaraciones.
La fiscalía investiga al presidente peruano en este causa por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia pues tiene inmunidad como jefe de Estado. Su mandato concluye en 2026.