La Policía colombiana suspendió provisionalmente a ocho agentes de la institución mientras se investiga la muerte de tres jóvenes ocurrida el pasado 25 de julio en la localidad de Sampués, en el caribeño departamento de Sucre. 

El inspector general de la Policía colombiana, el mayor general Ramiro Castrillón Lara, dijo en un video publicado en redes sociales que a fin de establecer «la realidad de los hechos esta Oficina de Control tomó la decisión de suspender del cargo provisionalmente a 8 policías mientras se adelanta la respectiva investigación». 

Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo fueron detenidos el pasado 25 de julio en un retén de la Policía en el caserío Chochó, pero luego fueron reportados sin vida en un hospital de Sincelejo, la capital departamental. 

La Policía, según medios locales, detuvo a los tres jóvenes en las redadas que buscaban capturar a los asesinos del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, crimen que supuestamente cometieron hombres del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia de origen paramilitar. 

El mayor general Castrillón explicó que además de suspender provisionalmente a los ocho policías la Fiscalía colombiana, la Justicia Penal Militar y la Policía iniciaron sendas investigaciones para esclarecer el caso que recuerda los tristemente célebres «falsos positivos», en el que militares asesinaron a jóvenes que luego eran presentados como guerrilleros abatidos en combates. 

FRENTES DE INVESTIGACIÓN 

El alto oficial enfatizó en que la Policía «no cohonesta» con las actos «contrarios a la ley que pudiera cometer cualquier miembro de la institución y reitera su compromiso para garantizar plena transparencia y claridad en la investigación». 

Detalló que será la Fiscalía con sus peritos la que establezca de acuerdo con las «pruebas judiciales de dónde provinieron los disparos que ocasionaron las heridas y posterior fallecimiento de las tres personas que murieron después del crimen cometido contra el patrullero». 

Las fuerzas de seguridad de Colombia son las nuevas víctimas del recrudecimiento de la violencia en el país, en la que el Clan del Golfo ha arremetido contra la fuerza pública por las detenciones, muertes o extradiciones de sus miembros. 

En lo que va de año, 36 policías han sido asesinados, la mayoría en el marco del llamado «plan pistola» del Clan del Golfo, tras la extradición en mayo pasado a EE.UU. de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. 

Los ataques contra policías y militares han sucedido sobre todo en los departamentos de la costa atlántica y del noroeste del país. 

Más de un tercio de los 36 asesinatos de policías fueron cometidos en julio, según el balance esa institución.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha situado en 6.402 las víctimas de los llamados «falsos positivos», es decir, de víctimas inocentes a las que el Ejército o civiles cooperantes engañaban con promesas de falsos trabajos para llevárselas y asesinarlas. 

Luego las vestían con uniformes de la guerrilla y plantaban armas y así engrosar las cifras de bajas guerrilleras, para recibir a cambio recompensas monetarias, ascensos, viajes o premios de otro tipo.