Dice la Procuraduría que los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para explotarlas sexualmente y sacar beneficios económicos. Las autoridades establecen que las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia. Las redes criminales movilizaban a las mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Sin embargo, las explotaban sexualmente. En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche. Establece la investigación que, una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.