El Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar por 10 días de la cuñada del presidente Pedro Castillo Yenifer Paredes, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.
Personal policial y del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder acudieron alrededor de las 17:00 hora local (22:00 GMT) al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, en una diligencia, aparentemente, para detener a Paredes, quien por ahora no ha podido ser aprehendida.
La medida de detención, según la resolución judicial divulgada en medios locales, fue aprobada el viernes pasado y es ejecutada hoy en varios operativos a cargo del fiscal Hans Aguirre, que se saldaron con la captura dos empresarios y un alcalde de la región de Cajamarca, todos implicados en una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, que lideraría Castillo.
El caso de la cuñada
El equipo de fiscales y los efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía estuvieron más de tres horas en la residencia presidencial para ejecutar la orden de arresto contra Paredes, pero, hasta el momento, no la han encontrado.
La investigación fiscal contra la cuñada de Castillo se conoció tras un reportaje periodístico de la cadena América Televisión, que difundió un video en el que la joven dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.
En las imágenes, Paredes aparece junto a Hugo Espino, quien fue detenido esta tarde y es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en septiembre de 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3.8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Por este caso, Paredes y la primera dama acudieron en julio pasado a la sede del Ministerio Público para declarar.
La cuñada de Castillo también fue citada recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido injerencia en los contratos que Espino ganó con el Gobierno, aunque reconoció que sí trabajó para su compañía.
Detalló que conocía al empresario desde 2019 y que empezó a trabajar para él en agosto de 2021, motivo por el cual Espino visitaba «usualmente» el Palacio de Gobierno.
La hermana de la primera dama precisó que el contrato que tenía con la empresa de Espino era «verbal» y aseguró que en las imágenes difundidas por el programa periodístico ella estaba realizando sus labores para su empresa, que se trataban de «censar a la población, recoger datos estadísticos de la población para ver si era factible realizar algún proyecto».
Cuatro detenciones
Poco antes de que iniciaran las diligencias en el Palacio de Gobierno, medios locales informaron de la detención de Espino, así como la de su hermana Anggi Espino y la del alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, José Medina Guerrero.
Medina, cercano al mandatario, habría señalado por el aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía Bruno Pacheco, quien fue secretario presidencial de Castillo, como uno de los operadores de una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo que lideraría el mandatario, según la hipótesis fiscal.
De hecho, de acuerdo con la resolución judicial que autorizó estas cuatro detenciones, Castillo sería el «jefe» de esta supuesta organización corrupta, que tendría a Medina y al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, como «cabecillas».
Los «coordinadores», siempre según esa versión, son la primera dama y el entorno familiar del presidente, mientras que los hermanos Espino y la cuñada de Castillo son considerados «testaferros».