La justicia japonesa condenó este lunes a la pena de muerte al autor confeso de una masacre cometida en 2016 en un centro de discapacitados en Japón, en la que murieron 19 personas y cerca de una treintena resultaron heridas.

El autor confeso de la matanza, Satoshi Uematsu, irrumpió en la madrugada del 26 de julio de 2016 en una residencia de discapacitados psíquicos de la localidad de Sagamihara, a unos 50 kilómetros al oeste de Tokio, y tras inmovilizar al personal de guardia atacó a sus ocupantes a cuchilladas mientras dormían.

El ataque se prolongó unos 50 minutos, durante los que acabó con la vida de 19 internos (con edades comprendidas entre los 19 y 70 años) e hirió a otros 26, del total de 149 discapacitados que residían entonces en las instalaciones.

El autor el crimen, que trabajó en el centro durante tres años y medio y que se entregó a la policía, eligió como víctimas a algunos de los internos con mayor discapacidad, según su propio relato.

Durante sus declaraciones policiales y en el juicio, Uematsu, de 30 años, insistió en que su motivación fue “salvar” a sus víctimas y “hacer felices a todos”.

También aseguró, antes de conocerse la sentencia de este lunes, que no tiene intención de apelar.

En la sentencia, el juez del Tribunal de Distrito de Yokohama que presidió el juicio, Kiyoshi Aonuma, señaló que aunque puede “entender el sentimiento” que motivó el ataque, el falló tiene en cuenta “la enorme crueldad” del delito y sus “graves consecuencias”.

La de Sagamihara es la mayor matanza cometida en Japón desde 1945 y conmocionó e indignó al país, donde algunos señalaron que la tragedia pudo evitarse.

Meses antes del suceso Uematsu envió una carta que llegó a manos de la policía en febrero, en la que detallaba sus planes y decía que su objetivo era “lograr un mundo en el que las personas con discapacidades múltiples puedan recibir la eutanasia” ante su “extremadamente difícil” vida.

Uematsu también había comunicado sus planes a compañeros de trabajo y conocidos, a raíz de lo cual fue investigado por la policía e internado temporalmente en un centro psiquiátrico.

Esto llevó a la defensa de Uematsu a alegar trastornos mentales que le impedían responder penalmente por el crimen, un argumento rechazado por el tribunal que juzgó el caso.