En el Colegio Dominicano de Notarios se ha desatado un lío entre la directiva, el fiscal nacional y los miembros por las suspensiones y cancelaciones dispuesta por sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sin supuestamente cumplir con el debido proceso.
A principios de mes, el Colegio envió a la Dirección General de Registro de Títulos una lista de 45 notorios, 21 de los cuales fueron cancelados y 24 suspendidos de forma provisional para su conocimiento con la finalidad de “evitar que las actuaciones de los notarios sancionados recorran el transito jurídico y produzcan efectos legales”.
Ayer, la Unión Nacional de Notarios declaró que el Colegio Dominicano de Notarios no está facultado para suspender a sus miembros, si no, para establecer la seriedad de la querella.
En ese sentido, a través de un comunicado enviado a Diario Libre, citó el articulo 53 sobre Denuncia o Querella, que establece que “la denuncia o querella presentada ante el Colegio Dominicano de Notarios será tramitada a la Suprema Corte de Justicia, previo establecimiento por parte de dicho Colegio, de los caracteres de seriedad de la misma”.
Varios abogados han presentado recursos por los daños causados al incluirlos en el listado, entre ellos Guillermo Matos Sánchez, quien aparece en el listado como destituido.
“Tal y como se evidencia, el suscrito aparece en dicho listado de forma aviesa, abusiva y temeraria, ya que en mi caso no se corresponde con la verdad absoluta. En esas atenciones y motivado por dicha situación he puesto al Fiscal General de Colegio de Notarios y a su Directiva en mora para que se retracten de dicha publicación, so pena de someterlos a la justicia”, escribió Matos, al pedir a Diario Libre una aclaración por la publicación en la que se le hace mención. l