El papa Francisco expresó el domingo su preocupación por la situación en Nicaragua, donde la policía detuvo a varios clérigos católicos —entre ellos un obispo— que se mostraron críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Haciendo un llamado a un “diálogo abierto y sincero”, el pontífice hizo su primer comentario público sobre el allanamiento del viernes a la residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. La detención de él y de un número desconocido de sacerdotes se produjo en medio del empeoramiento de las tensiones entre la Iglesia y un gobierno cada vez más intolerante con la disidencia.
Francisco dijo a miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro para sus comentarios habituales de los domingos al mediodía que estaba siguiendo de cerca, “con preocupación y dolor” los eventos en Nicaragua que involucran a “personas e instituciones”. No mencionó las detenciones de manera concreta.
“Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacifica”, dijo el papa, citado por la agencia noticiosa Europa Press.
Antes del allanamiento de la madrugada del viernes, las autoridades nicaragüenses habían acusado al obispo de incitar al odio y la violencia.
La Policía Nacional confirmó las detenciones y dijo que el operativo se realizó para que la ciudadanía y las familias de Matagalpa recuperen la normalidad. No citó cargos específicos.
“Durante varios días se esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse”, dijo la Policía Nacional en un comunicado el viernes. “Al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de Orden Público”, agregó.
Álvarez estaba en resguardo domiciliar en Managua y se le permitió reunirse con familiares y el cardenal Leopoldo Brenes, según el comunicado de la policía, que no nombró a los sacerdotes que fueron detenidos.
Álvarez ha sido una voz religiosa clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega condujo a una amplia represión contra los opositores.
El gobierno de Ortega arrestó a decenas de líderes de la oposición el año pasado, entre ellos siete posibles candidatos presidenciales. Fueron condenados a prisión este año en juicios rápidos cerrados al público.
Ortega ha sostenido que las protestas a favor de la democracia se llevaron a cabo con respaldo extranjero y con el apoyo de la Iglesia católica.
Durante las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas violentamente por la policía, el gobierno sandinista acusó a la Iglesia de alentar “un fallido golpe de Estado” para desestabilizar al régimen. Ortega incluso ha dicho que los obispos son “terroristas” y “demonios con sotana”.
En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, que es el principal diplomático del Vaticano en Nicaragua. El gobierno nicaragüense también ha cerrado ocho radioemisoras en la provincia de Matagalpa, siete de ellas de la Iglesia católica.
Voceros del gobierno acusan a Álvarez de “hacer política” en sus sermones. Lo mismo afirman del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, que en 2019 fue transferido al Vaticano por orden del papa Francisco, tras divulgarse supuestas amenazas de muerte en su contra.
La revuelta social de 2018 dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La oposición asegura que son más de 190 los opositores que permanecen en prisión desde entonces, decenas de ellos arrestados en 2021.