(CNN Español) –– El juez federal argentino Federico Villena rechazó la solicitud del bufete de los abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi para fungir como representante legal del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, así como de la empresa Emtrasur, en el caso del avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza, de acuerdo con la decisión a la que tuvo acceso CNN.
En el escrito se señala que “ni la República Bolivariana de Venezuela ni la empresa Emtrasur son parte en estos actuados”.
CNN se comunicó con el bufete de Palmeiro y Rusconi para conocer su reacción, pero allí aseguran que de momento no emitirán comentarios sobre el caso.
CNN también contactó al gobierno de Maduro y tampoco ha obtenido respuesta hasta ahora.
El Gobierno de Venezuela se había presentado la semana pasada ante la Justicia de Argentina para oponerse formalmente a la incautación del Boeing 747 de carga, perteneciente a la estatal Emtrasur, que el juez Villena dispuso la semana pasada a pedido de un tribunal de Estados Unidos, según el fallo que obtuvo CNN.
Palmeiro, socio del estudio de Rusconi, actúa en virtud de un poder que le confirieron el presidente de Emtrasur en Venezuela y el procurador general de ese país, Reinaldo Muñoz. De acuerdo a la solicitud que firmó el abogado, la retención de la aeronave “representaría una arbitraria injerencia en el patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”.
La empresa venezolana Emtrasur apeló la incautación del avión retenido en Argentina
Esa fue la primera manifestación formal del gobierno de Nicolás Maduro ante la Justicia argentina para intentar revertir la decisión judicial que provocó la ira del oficialismo venezolano.
Rusconi visitó Venezuela este mes, y sostuvo una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, según informaron a CNN una fuente del gobierno argentino y otra cercana a Defensa.
El Boeing, modelo B747-3B3, matrícula YV3531, se encuentra retenido desde junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, mientras se investiga si la tripulación tiene vínculos con posibles actividades terroristas iraníes en el país.
La aeronave fue objeto de una inspección de rutina del FBI, bajo la supervisión de la Policía Federal Argentina.
Palmeiro le había adelantado al juez que plantearía que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable”.
Según la argumentación del abogado, en referencia al argumento legal que citó el juez Villena para autorizar la incautación del avión, el tratado “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales. Mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.
El pedido, ahora rechazado, se suma al que había realizado otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y que ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Washington. Esto bajo el argumento de que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.
Actualmente, el caso judicial sobre el avión está dividido en dos expedientes a cargo del juez Villena.
En la causa original se investiga a la tripulación y el destino del vuelo de Emtrasur a Argentina.
Además, existe otro proceso en desarrollo debido a la solicitud de la Justicia de Estados Unidos.