El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y crítico hacia el Gobierno de Daniel Ortega, denunció este lunes que las autoridades nicaragüenses ejecutan una «confiscación de hecho» de sus bienes, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
«Desde hace varios días operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos. Con estas acciones el régimen Ortega Murillo concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial de Editorial La Prensa», informó el medio, que ahora solo se publica de forma digital.
Según La Prensa, cuyo personal de Redacción se vio forzado a exiliarse en julio pasado tras el arresto de dos empleados, sus bienes «al momento de la confiscación tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares».
«El régimen Ortega Murillo intenta poner fin a 96 años de historia del decano del periodismo nacional, desmantelando el plantel que lo alberga», señaló el medio de comunicación más emblemático de Nicaragua.
Presuntos delitos
Las instalaciones de La Prensa, ubicadas en una zona industrial en el norte de Managua, permanecen en poder de la Policía Nacional desde el 13 de agosto pasado, cuando las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de «defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos».
En abril pasado, Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció a Ortega en las elecciones de 1990, fue condenado a nueve años de prisión por el delito de «lavado de dinero».
La Prensa sostuvo que entre los bienes confiscados se encuentran una impresora rotativa de 2.01 millones de dólares y una imprenta comercial de 3.89 millones de dólares, con capacidad de imprimir, encuadernar o engomar, «libros, folletos, brochures, volantes, y cualquier otro material impreso, incluso boletas electorales».
«¿Qué uso le dará a la maquinaria?», se preguntó La Prensa, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones municipales, para lo cual se necesitará imprimir boletas electorales específicas para los 153 municipios de Nicaragua.
El periódico también insistió en que la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación, y que el Estado solamente puede hacerse de bienes privados cuando los afectados son indemnizados.
La denuncia de La Prensa se da en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos -de los que Ortega ha admitido 200-, más de 200,000 exiliados, y 190 personas presas.
Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), unos 120 periodistas, sin incluir el persona de La Prensa, han optado por el exilio desde el inicio de la crisis.